La empresa Ferrer Pons Hermanos, que se encargó entre 2006 y 2010 de la ejecución subsidiaria de las obras ordenadas por el ayuntamiento de Palma, reclama casi tres millones por el alquiler de unos puntales que, según ponen de manifiesto los servicios jurídicos municipales, tienen un coste de 20.000 euros.

Por ello, el Ayuntamiento ha iniciado el proceso de declaración de nulidad de la "contratación presunta, tácita o aparente", cuyo expediente debe ser informado previamente a Consell Consultiu de les Illes Balears.

La empresa ya consiguió en 2017, tres años después de haber iniciado el procedimiento de reclamación, 2,2 millones como consecuencia de la sentencia que condenó a pagar al Ayuntamiento 1,6 millones más el resto de intereses de demora, por el mantenimiento de unos puntales en distintas edificaciones una vez concluido el contrato de ejecución subsidiaria.

Poco tiempo después, en septiembre de 2017, reclamó adicionalmente otros 2,8 millones por la permanencia del material durante el uno de enero de 2013 y la fecha de la reclamación, pese a que la mayoría de andamios y puntales ya habían sido retirados.