Los cables llenan las fachadas, trepan como enredaderas que crecen regadas con la demanda de cada vez más tecnología, que ahoga el patrimonio. Pese a que el Plan General de Ordenación Urbana prohíbe "la ocupación en vuelo, tanto si se trata de líneas aéreas como de líneas adosadas a fachadas" -se permite de forma temporal-, el problema siempre ha existido. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado aún más por la expansión de los nuevos servicios tecnológicos por cable, entre ellos la fibra óptica, tal como denuncia la asociación proteccionista ARCA, que resalta que el daño estético y patrimonial "no se produce solo en el casco antiguo sino en toda Palma, pero en el centro tiene más impacto por el mayor número de edificios de interés y la proyección exterior de la ciudad", afirma la portavoz, Àngels Fermoselle.
La entidad preservacionista pide al Ayuntamiento que haga cumplir la normativa municipal, porque "no se trata de impedir el desarrollo tecnológico, sino de hacerlo compatible con la imagen de Ciutat, como ocurre en otras urbes europeas, donde los cables se soterran", ejemplifica. Cort ha respondido a ARCA que, desde 2014, existe una Ley General de Telecomunicaciones aprobada por el Gobierno que califica esta implantación de "interés general", aunque algunos consistorios de la península han hallado "lagunas" en la normativa. La asociación palmesana destaca que "también es de interés general conservar el patrimonio".
Propone que los consistorios unan fuerzas a través de organismos supramunicipales, como el Consell de Mallorca o la Federación de Entidades Locales, Municipios y Provincias, "para obligar a estas empresas tecnológicas a que sufraguen el soterramiento del cableado. Ganan muchísimo dinero y encima ahorran costes colocando todos sus cables en las fachadas particulares, a pesar del perjuicio que causan", recuerda Fermoselle, quien considera que se debería modificar la ley de 2014 porque "en absoluto tiene en cuenta unas cuestiones básicas que afectan a todas las ciudades españolas".
Las conducciones eléctricas y para comunicaciones por cable pasan por dominio privado, por lo que el dueño de una casa o una comunidad de vecinos pueden negarse a que los operadores les coloquen cableado en la fachada. No obstante, "así se traslada el conflicto a los particulares, debido a que las compañías les acusan de impedir la instalación. Una vez más las administraciones cargan la responsabilidad en los vecinos en lugar de buscar una solución para un problema en aumento", concluye ARCA.
