El alcalde de Palma, Antoni Noguera, manifestó ayer que el anuncio de la interposición de una querella por presunta prevaricación anunciada por una de las patronales del alquiler vacacional "tiene muy poco recorrido jurídico" y advirtió que la lucha judicial no hará cambiar la decisión del tripartito de Cort de prohibir el arrendamiento turístico de pisos en toda la ciudad.

Noguera recordó que Cort no ha prohibido esta práctica en el término municipal, puesto que se puede seguir alquilando las viviendas unifamiliares, y ha afirmado que siempre que se produce una decisión apelando al interés general se anuncian recursos y querellas judiciales, como ha ocurrido con el Casino y Ses Fontanelles o con la remodelación del Club Náutico del Molinar.

Además, explicó el acalde, el Ayuntamiento está ejerciendo una potestad derivada de la Ley de Turismo, consistente en determinar en qué zonas de la ciudad se permite el arrendamiento vacacional y en cuáles no.

Al respecto, insistió en que el Consistorio en esta cuestión "ha actuado "con responsabilidad y diligencia" y que la ciudad está siendo "un ejemplo". El alcalde recordó asimismo que "en uno o dos meses" se dispondrá de la regulación urbanística de los establecimientos turísticosregulación urbanística de los establecimientos turísticos.

No a los tornos de Venecia

El alcalde rechazó asimismo la adopción de medidas de control de turistas que acceden a la ciudad como en el caso de Venecia, que ha implantado tornos, porque "este sistema aquí no sería posible".

Noguera razonó al respecto que "a lo mejor es el resultado de una mala planificación turística del destino" y añadió que, además de ser una "medida compleja", en Palma "ni sería posible ni satisfactoria".

Por ello, explicó que el control debe realizarse con las medidas que se están adoptando consistentes en la limitación de las pernoctaciones y la imposición de un techo de plazas turísticas,entre otras. Sobre esta cuestión la vicepresidenta del Govern y consellera de Turismo, Bel Busquets, recordó que la competencia de la entrada de turistas por puertos y aeropuertos "es del Estado".

En relación al control del alquiler vacacional, cuestión que depende de su departamento y no del Ayuntamiento de Palma ni del Consell, Busquets anunció que se está perfilando un plan de inspecciones para el próximo verano, con campañas específicas del arrendamiento turístico basadas en el incremento de las "herramientas de control", puesto que no se prevé ampliar la actual plantilla de 15 inspectores.

La vicepresidenta recordó que ya se han sancionado a tres plataformas (Airbnb, Homeaway y Tipadvisor) por publicar ofertas que no se adaptan a la normativa y aseguró que se dedicarán "todos los esfuerzos" para que se cumpla la Ley. Busquets recordó que las sanciones oscilan entre los 40.000 y 400.000 euros.