El equipo de gobierno del ayuntamiento de Palma aprobó ayer en solitario y de forma inicial la modificación de la ordenanza de ocupación de la vía pública, que restringe las terrazas.
El grupo municipal de Ciudadanos cambió su voto contrario emitido en comisión por el de abstención. La concejala de este partido en Cort, Patricia Conrado, afirmó que si les aceptan las alegaciones que van a presentar, están dispuestos a aprobar el nuevo texto después de su exposición al público "para que quede una ordenanza como Dios manda".
La enmienda a la totalidad presentada por el grupo municipal del PP, que fue defendida por el concejal Josep Lluís Aguiló, fue rechazada con los votos del PSOE, Més y Podemos y la abstención de Ciudadanos.
Aguiló argumentó el nuevo texto no cuenta con el "consenso total" entre las diferentes partes afectadasno cuenta con el "consenso total" entre las diferentes partes afectadas, deja sin regular la venta ambulante ilegal, y envía al paro a muchas personas porque obligará a cerrar terrazas. Al respecto, manifestó que deberían cerrar 100 terrazas actuales, lo que supondrá "una pérdida de 250 empleos".
Informe económico
Criticó asimismo la ausencia de un informe económico que ponga de manifiesto la repercusión real de las restricciones sobre el empleo y la economía, y que no solo tenga en cuenta lo que dejará de ingresar por este el Ayuntamiento por este concepto.
Posteriormente, el concejal conservador Javier Boned, reiteró que si la ordenanza se aprueba definitivamente como quedó redactada ayer, la van a cambiar si vuelven a gobernar Cort en el próximo mandato.
Por su parte, la teniente de alcalde Aurora Jhardi manifestó que la nueva ordenanza "va a salir con más consenso que la aprobada en 2012", en referencia a la actual, y rechazó la falta de acuerdo porque "aquí ha cedido todo el mundo comenzando por los vecinos, los restauradores y nosotros". Antes de la discusión del punto intervino el presidente de la Federació d'Associacions de Veïns, Joan Forteza, quien manifestó su "decepción" por el texto finalmente presentado por el tripartito ya que "solo se recupera entre un 5% y el 10% del espacio público". Anunció que su entidad presentará también alegaciones que espera "se tengan en cuenta". Por el contrario, Bartomeu Mas, de la asociación de vecinos y amigos de Santa Catalina, intervino para exigir que se aplique "la microcirugía" en lugar de "cepillarse" de un plumazo las terrazas "que dan vida y color a la barriada".
El agua costó un 0,59% menos al 71% de las familias de Palma en 2017
La factura del agua potable costó un 0,59% menos al 71% de las familias de la ciudad pese al incremento progresivo de las tarifas, que entró en vigor a partir del mes de abril del año pasado. Al resto de las familias, que consumieron más de 10 metros cúbicos de agua al mes, la factura del agua subió en un porcentaje variable, según los datos dados ayer por la presidenta de Emaya, Neus Truyol. El consumo total se incrementó en un 2,10%, aunque el número de usuarios subió en un 3%. En el caso de los hoteles de cinco estrellas que consumieron 3.000 metros cúbicos al mes la factura se incrementó en un 83%, aunque si se trata de un hotel de una estrella con el mismo consumo, el aumento fue del 9%. Con estos datos Truyol rechazó la petición del grupo municipal del PP para que se suprimiera el incremento de tarifas aprobado el año pasado.
Rechazada la unificación de las zonas escolares de la ciudad
El equipo de gobierno rechazó una propuesta defendida por la concejala del PP Antònia Roca, en la que se pedía que el pleno solicite al Govern balear la eliminación de las ocho zonas actuales del mapa escolar del municipio de Palma y las sustituya por las tres que estaban vigentes en el curso 2015 y 2016. Según Roca, esta norma restringe el derecho que tienen los padres a la libertad de elección del centro al que deben acudir sus hijos, puesto que pueden escoger entre un número menor de colegios que cuando la ciudad estaba distribuida en tres zonas, mucho más amplias que las ocho actuales. Ciudadanos apoyó la propuesta del PP al considerar su portavoz, Josep Lluis Bauzá, que con esta medida se consigue todo lo contrario que lo que aparentemente se pretende, puesto que va a propiciar una menor "permeabilidad" entre el alumnado que pueda acudir a un determinado centro.
