Los Servicios Sociales del ayuntamiento de Palma. Una circular interna del departamento que dirige la concejala Mercè Borràs remitida a todos los centros de asistencia social dependientes del ayuntamiento de Palma en la que se prohíbe, hasta nueva orden, conceder ayudas económicas urgentes al colectivo de personas 'sin papeles', ha alarmado y, en algunos casos, indignado a parte de estos trabajadores municipales.

La concejala de Servicios Sociales Mercè Borràs atribuye el problema a una "contradicción administrativa", causada por el programa informático del ministerio de Hacienda que no acepta la realización del gasto si la persona beneficiaria no dispone de Número de Identificación Fiscal (NIF).

Borràs expuso la contradicción que supone que el Ayuntamiento esté obligado, por una parte, a atender las demandas económicas urgentes de todas las personas con el único requisito de residir en la ciudad, tanto por la aplicación de la ley estatal como por la autonómica de Servicios Sociales y, por otro, desde el ministerio de Hacienda exijan el cumplimiento de un requisito, incluido en la Ley 58/2003, que las personas inmigrantes 'sin papeles' no pueden cumplir, como es el de disponer de un NIF.

Ya que los inmigrantes 'sin papeles' no pueden aportar este requisito, el Ayuntamiento se ve imposibilitado de darles ayudas económicas como hasta ahora. La concejala explicó que esta circunstancia, pese a que la ley data de 2003, no se había producido hasta el momento porque el sistema informático que se utilizaba no requería esta condición.

No obstante, el actual, y desde el pasado mes de marzo, cuando se introducen los datos de la ayuda económica que se pretende conceder a personas inmigrantes que no tienen su situación regularizada en España, simplemente, no autoriza el gasto.

Con el fin de solventar esta situación se han abierto tres frentes desde la concejalía. Por un lado, se está negociando con entidades del tercer sector con el fin de que las ayudas que recibían estas personas para la compra de alimentos y de otros productos básicos de subsistencia sean en "especie" en lugar de en metálico. También se incluye a los afectados en el reparto de alimentos. En el caso de los menores se les mantiene el acceso al comedor municipal.

Asimismo, exceptuando las ayudas económicas, estas personas afectadas por esta disposición continúan manteniendo el acceso a todas las demás prestaciones de la carta de Servicios Sociales. De esta forma, pueden seguir asistiendo a cursos de formación además de a otras actividades de desarrollo personal y comunitario, como clases de alfabetización o de aprendizaje del idioma.

Paralelamente, desde la concejalía de Hacienda se están realizando gestiones con la secretaria de Estado de Economía y Hacienda con el fin de exponerles esta contradicción normativa y solventar la situación creada.

Según Borràs, hasta el momento no se ha detectado ninguna familia beneficiaria que haya tenido problemas por no poder recibir las prestaciones económicas, dado que se detectó apenas hace un mes.

La concejala explicó que espera que esta situación se pueda solventar lo antes posible y afirmó que no responde a ninguna directriz para que el Ayuntamiento no asuma su obligación legal de atender las necesidades básicas de este colectivo.

En el primer trimestre del presente año se ha aprobado la concesión de ayudas económicas urgentes por un importe de 993.172 euros, 38.000 de los cuáles se han destinado a este colectivo integrado por 50 familias, lo que representa un 2,6% del total.

El año pasado los servicios sociales municipales concedieron un total de 17.094 ayudas a colectivos vulnerables por un importe de 3,4 millones, 2,6 de los cuáles se destinaron a la cobertura de necesidades básicas.