El ayuntamiento de Palma tendrá que pagar una indemnización de medio millón de euros debido a que tardó ocho años para conceder unaayuntamiento de Palma licencia de obras, para construir una vivienda en la urbanización de Son Vida. Esta indemnización la ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Balears, a través de la Sala de lo contencioso, que condena a Cort por la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por los perjudicados. Esta indemnización corresponde al cálculo de la pérdida del valor de la casa al no tramitarse la licencia de obras en el momento oportuno.
Los propietarios de un solar en la urbanización de Son Vida solicitaron antes del año 2004 licencia de obras para construir una vivienda unifamiliar aislada. El procedimiento no se inició hasta el 7 de septiembre de 2004 y la primera noticia del Ayuntamiento no la tuvieron los promotores hasta un año después. Les dijeron que el proyecto presentaba deficiencias.
Sin embargo, no fue hasta tres años más tarde, en 2008, cuando Gerencia de Urbanismo de Cort denegó la licencia. Existía una discrepancia sobre la interpretación del plano de la finca.
Los propietarios del solar tuvieron que acudir a los juzgados, logrando anular el acuerdo municipal por el que se denegaba dicha licencia. El juez acordó la retroacción del expediente para que los técnicos del Ayuntamiento estudiaran la discrepancia de la cartografía del Plan General con la realidad física del solar. Esta decisión se acordó en el año 2012 y en ocho años ningún técnico urbanístico de Palma realizó una visita al solar de Son Vida para comprobar si eran ciertas o no las discrepancias que señalaban los propietarios del terreno.
Finalmente, el día 30 de octubre, el ayuntamiento de Palma
Los promotores presentaron una segunda demanda contra el ayuntamiento de Palma, ocho años después, en el que finalmente se aprobó la autorización para construir la vivienda unifamiliar. Y por este motivo, demandaron a Cort reclamando los perjuicios sufridos. Para valorar el dinero que habían perdido como consecuencia de este retraso de ocho años presentaron un informe pericial, que la administración municipal rechazó. Este estudio, que ha sido la base que han utilizado los jueces para fijar la indemnización de medio millón que debe pagar el Ayuntamiento, establecía que el solar había sufrido una pérdida de valor en el mercado de 370.000 euros. A esta cantidad había que sumarle el interés legal de las inversiones realizadas, cuantificadas en otros 137.000 euros. Los promotores de la obra tuvieron inmovilizada esta última cantidad al no poder desarrollar, por falta de permiso, el proyecto urbanístico.
Los jueces dan la razón a los propietarios del solar y condenan al Ayuntamiento por retrasar durante años la concesión de una licencia de obras. Cort debe pagar las costas.
