24 de abril de 2018
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Zonificación

Los pisos de Palma no se podrán alquilar a turistas

El tripartito mantiene la prohibición del arrendamiento vacacional en viviendas plurifamiliares en toda la ciudad, vigente en la actualidad

24.04.2018 | 02:45
Los pisos de Palma no se podrán alquilar a turistas

Las cifras

  • Año 2017: 20.000 plazas de alquiler vacacional
  • Ahora: 11.000 plazas de alquiler vacacional

    De las que solo hay 645 plazas legales

    Estancias turísticas comercializadas: Desde 2013 las estancias turísticas comercializadas en viviendas por el portal Airbnb en Palma se han incrementado en un 50%
    Aumento del precio de los alquileres: Paralelamente, el incremento del precio del alquiler ha sido progresivo estos últimos años, alcanzando un aumento del 40% desde 2013.
No hubo sorpresas con la propuesta de zonificación presentada ayer por el tripartito del Ayuntamiento de Palma. El alquiler turístico vacacional continuará prohibido en todos los edificios de viviendas plurifamiliares de la ciudad, como hasta ahora.

En cambio, se permitirá en las viviendas unifamiliares en todo el término municipal excepto en los polígonos industriales y de servicios, en el suelo rústico protegido y en la zona de influencia aeroportuaria incluida en la denominada huella acústica, que afecta a parte del Coll d'en Rabassa, es Carnatge y una zona de Can Pastilla y de Sant Jordi, sa Casa Blanca y Ciutat Jardí.

El punto de partida de la propuesta, según explicó el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, José Hila, ha sido la iniciativa impulsada por la Federació d'Associacions de Veïns de Palma aprobada en el pleno de julio del año pasado. Este acuerdo "político", no obstante, tal como explicó Hila, "necesitaba el aval técnico y jurídico para convertirse en propuesta urbanística".

El teniente de alcalde indicó que, del análisis y del estudio realizado, se han extraído una serie de datos, que han ayudado y justificado la decisión. En primer lugar, la oferta de pisos de alquiler turístico no regulado aumentó entre 2015 y 2016 en un 50% llegando a las 20.000 plazas turísticas comercializadas en viviendas.

Según los datos ofrecidos por Airbnb, en febrero de 2017 había en la ciudad 2.972 propuestas de comercialización turística de casas. Asimismo, se ha constatado que el 48% de los alquileres vacacionales se ofrecen en períodos de entre siete y nueve meses, por lo que quedan fuera del alquiler residencial.

A la hora de invertir, la alta rentabilidad del alquiler vacacional y de los hoteles residenciales provoca que compitan en precio. Asimismo, según los datos aportados por Cort, se constata que existe un paralelismo entre la evolución del fenómeno de las viviendas vacacionales y el aumento de los precios de alquiler. En este punto, tanto el alcalde, Antoni Noguera, como el teniente de alcalde José Hila insistieron en que, si bien el alquiler turístico "no es el único factor que ha provocado que los precios suban, es innegable que ha incidido" y recalcaron que "el incremento del precio del alquiler ha sido progresivo en los últimos años provocando una subida del 40% desde 2013".

Garantizar la convivencia


Explicaron también que la propuesta de zona única se debe a la necesidad de garantizar la convivencia social y a la falta de oferta de alquileres para residentes. En relación al primer punto explicaron que un informe de la Defensora de la Ciudadanía señala "como causa del malestar y el deterioro de la convivencia en los barrios, el ruido producido por los alojamientos turísticos". Además, las molestias producidas por turistas que se alojan en viviendas también se han incrementado, pasando de 42 en 2014 a 192 en 2017; es decir, se ha multiplicado por cuatro.

En relación a la falta de viviendas para el alquiler residencial, la reducción de la renta familiar ha provocado que cada vez se deban destinar más recursos a pagar el alquiler, que sigue subiendo. Según los datos aportados por la oficina antidesahucios, los lanzamientos ejecutados antes de la crisis se centraban en el impago de hipotecas. Esta dinámica ha cambiado y ahora los desahucios se producen mayoritariamente por el impago del alquiler.

La propuesta se llevará a la gerencia de Urbanismo de hoy y, mañana, a la junta de gobierno para ser aprobada inicialmente en el pleno del jueves. Después se abrirá un período de información pública de 30 días para alegaciones y se solicitarán los informes de las consellerias de Territorio, Medio Ambiente y del Consell. Se prevé que pueda estar aprobada definitivamente en julio.

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