"La casa en la que vivo era de la tatarabuela de mi marido. Yo nací en Son Banya, tengo tres hijos y toda nuestra familia está aquí. El poblado lleva casi medio siglo y ahora al Ayuntamiento le entran las prisas, dice que somos okupas y quiere echarnos, pero no podrá. Les esperaremos en la entrada con palos y piedras". Las palabras de Manuela Moreno son suscritas por Manuela Cortés, Consuelo Moreno, Encarnación Cortés, Consuelo Díaz, su marido, José Amaya, y hasta una decena de personas que se concentraron ayer en Son Banya para reclamar la paralización del desalojo, que está previsto los días 17 y 18, en menos de dos semanas.

Además de la movilización, el último cartucho que les queda es que la Policía Nacional investigue la conexión que un detective ha encontrado entre los inminentes desahucios y el centro comercial abierto muy cerca de allí, tal como pidió el jueves Manuela Moreno en un escrito remitido al Cuerpo. Los afectados por los desalojos sospechan que existen intereses empresariales -"hay chanchullo", alegan- y establecen un vínculo familiar entre el gerente de la gran superficie y un importante cargo del Govern balear.

"Dicen que desmantelan por el tema de la droga, pero también hay en Son Gotleu, la Soledat... La droga va a seguir vendiéndose", en palabras de Manuela Cortés. No quiere que les metan "a todos en el mismo saco", aunque defiende que "cada uno se busca la vida como le da la gana y quien tiene problemas con la justicia, allá él". Esta afectada por los primeros 45 desahucios pide al consistorio palmesano "que lo pare o, por lo menos, ofrezca una alternativa a quienes no dan ayudas". "Si no, iremos a la casa del alcalde o del regidor", advierte.

Carmen Amaya creía que había encontrado una solución: "Vi una casa de 50.000 euros y el banco me dio un préstamo, pero me pidió una garantía del Ayuntamiento y aún no sé nada, cuando quedan menos de dos semanas para que nos echen", relata. Otra afectada, Consuelo Díaz, también tiene "muchos problemas por ser de Son Banya. No tengo derecho a la ayuda y nadie me quiere alquilar una vivienda en cuanto se enteran de que vengo del poblado", afirma. Y su marido, José Amaya, rechaza la propuesta municipal de acudir a un albergue. "¿Cómo vamos a residir allí con un niño pequeño? Somos una familia", destaca.

"Deberían tener compasión y darnos un techo para vivir antes de que tiren nuestras casas", tal como añade Consuelo Moreno. "El poblado es nuestra vida y no acabaremos debajo de un puente. Haremos lo necesario para luchar por lo nuestro", concluye.