Queda poco más de dos semanas para que las máquinas entren en Son Banya y echen abajo 46 casetas, casi todas viviendas de familias gitanas que tendrán que buscarse otro lugar para vivir. Dieciséis de ellas no tienen alternativa, por lo que el Ayuntamiento les busca casa desde hace meses. Los mil euros mensuales que se les concederá durante cinco años para que puedan pagarse un techo no ha bastado. De hecho, de las diez casas que Cort ha conseguido para ellos, solo una forma parte del mercado libre de alquiler y su contrato se firmó hace tan solo unos días. Y aun faltan seis más...
"La orden judicial se cumplirá y estas familias no se quedarán en la calle", asegura Mercè Borràs, regidora de Bienestar en Palma, sobre la orden judicial de desalojo que pesa sobre esas viviendas. La concejala está convencida de que, al igual que se ha conseguido un piso de alquiler, se podrán arrendar otros antes del 17 de abril, fecha límite para iniciar el desalojamiento y el posterior derribo de las 46 estructuras. No hay plan B, "habrá viviendas", reitera Borràs.
Barrios vulnerables, también
Pero lo cierto es que Cort ha tenido que implicarse en la búsqueda de casa para esas familias, que suman unas 60 personas, ante la imposibilidad de que ellas lo lograsen, pese a la ayuda de los mil euros.
La semana pasada, la propia Mercè Borràs hacía un llamamiento a propietarios de pisos vacíos para que los alquilasen a los vecinos de Son Banya. Hace unos días se firmaba el contrato de alquiler de un piso. El resto de viviendas son sociales: cuatro del Patronat Municipal de l'Habitatge y tres del Ibavi, además de dos pertenecientes a entidades bancarias.
"Están dispersos por diferentes barrios, pero las viviendas públicas están en barrios vulnerables. No hemos podido mantener lo que pensábamos", afirma Borràs. La responsable de Bienestar se refiere a una condición que impuso el Ayuntamiento el pasado agosto, cuando anunciaba el plan de desmantelación de Son Banya, en el que se iba a evitar que zonas desfavorecidas viesen agravada su situación con la llegada de los residentes del poblado.
En un principio debían quedar fuera de este realojo Son Gotleu, La Soledat, Nou Llevant, Son Roca-Son Ximelis y Verge de Lluc. Posteriormente se decidió, vistas las dificultades para encontrar viviendas, que podrían ir a esas barriadas, pero renunciando a la mitad de la ayuda económica. Finalmente, la realidad es que pueden instalarse en cualquier barrio, cobrando los mil euros íntegros.
La voluntad de reinserción de los desalojados que tiene el Ayuntamiento choca con los temores de quienes han visto viviendas ocupadas por familias que se declaran de Son Banya. También la Policía Nacional ha advertido de que clanes de narcos del poblado se estaban trasladando a Son Gotleu, Marratxí y Llucmajor.
Evitar la reocupación
Paralelamente, el Ayuntamiento tiene entre manos el proceso de demolición de las chabolas, los días 17 y 18 de abril. Debe adjudicarlo a una empresa especializada porque se prevé que haya materiales tóxicos como amianto. Para esta tarea ha presupuestado 495.756 euros este año. Cort ha recibido propuestas y Bienestar asegura que está a tiempo de adjudicar el trabajo, aunque dependerá de que los candidatos entreguen a tiempo la documentación exigida.
En este caso sí hay plan B. Si la adjudicación de los derribos no está a tiempo, el Ayuntamiento contratará a una empresa para tapiar e inhabilitar las casas, en coordinación con la Policía.
Precisamente la cuenta atrás para los derribos centrará dos reuniones durante esta primera quincena de abril, avanza Borràs. Una de ellas es la que mantendrán todos los departamentos implicados para coordinarse: desde Bienestar a Policía local, Infraestructuras, Sanidad... Doce áreas en total.
La segunda reunión será de todos los grupos políticos, que hace meses firmaron un pacto para que el desmantelamiento de Son Banya siga adelante gobierne quien gobierne en Cort.
