El Ayuntamiento de Palma incluirá la regulación de la venta ambulante ilegal en la modificación de la ordenanza para el uso cívico del espacio público, conocida como antibotellón.
Los grupos municipales que conforman el equipo de gobierno municipal (PSOE, Més y Podemos) alcanzaron ayer un acuerdo en este sentido, después de que el proyecto de ordenanza de ocupación de la vía pública, que regula también las terrazas, suprima el artículo 80 que prohíbe la venta ambulante ilegal y permite a la Policía Local el decomiso del género de los vendedores que actúan sin permiso. En la reunión mantenida ayer asistió el alcalde, Antoni Noguera, y los portavoces que conforman el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma, José Hila (PSOE), Neus Truyol (Més) y Antònia Martín (Podem), además de los concejales de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos, Aligi Molina, y Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, y acordaron que la regulación de la venta ambulante irregular se integre en la ordenanza contra el botellón.
De esta forma, el equipo de gobierno en su conjunto considera oportuno que esta actividad continúe amparada bajo una ordenanza municipal "en lugar de dejarla en manos de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza", según se indica en una nota.
Se prevé que la modificación de la ordenanza contra el botellón, que también incluirá medidas para evitar el denominado turismo de borrachera, además de la regulación de la venta ambulante, se pueda aprobar inicialmente en el pleno del próximo mes de abril.
Los grupos municipales que conforman el tripartito de Cort tienen en su poder desde hace semanas un borrador de la ordenanza elaborado por la concejalía de Seguridad Ciudadana. En ella, entre otras cuestiones, por lo que respecta a la venta ambulante ilegal, se mantiene la prohibición actual de esta actividad y la posibilidad, por parte de los agentes de la Policía Local, de que procedan al decomiso de la mercancía a los vendedores. Desde Podemos y Més se quieren introducir medidas que protejan de alguna forma la situación de estos vendedores, víctimas a menudo de prácticas mafiosas.
La ordenanza de terrazas también se llevará al pleno del mes de abril ya que, desde la aprobación del texto por parte de la junta de gobierno, se deben dar diez días para la presentación de enmiendas por parte de la oposición.
