El consorcio urbanístico de la Platja de Palma, entidad que se encuentra en estos momentos en proceso de disolución tras el abandono por parte del Gobierno central, deberá devolver un millón de euros a Turespaña, dependiente de la secretaria de Estado de Turismo, al no haber justificado que esta cantidad se utilizara en su momento para la promoción turística de la zona.
La sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado un recurso interpuesto por el consorcio contra una resolución de la secretaria de Estado de Turismo del 23 de diciembre de 2015, reclamando la misma cantidad.
El abogado de la Comunitat Autònoma había recurrido la resolución alegando, entre otras cuestiones, que la propia secretaría de Estado, en el convenio suscrito en diciembre de 2008, permitía la utilización de este millón de euros para el pago de gastos corrientes. La anterior no es la única reclamación de devolución de cantidades a la que se enfrenta el consorcio ya que el Gobierno central le solicita la devolución de 14 millones de los 20 aportados por considerar que solo se ha demostrado el gasto de seis.
