El Ayuntamiento de Palma no va a agotar el plazo para la aprobación de la zonificación turística, que determinará en qué barriadas de la Ciudad se va a permitir el alquiler vocacional en pisos plurifamiliares y en cuáles no.
Se prevé disponer del documento técnico, encargado por el tripartito de Cort al equipo encabezado por el arquitecto Ricard Pié, a mediados del presente mes de marzo.
El estudio partirá del acuerdo plenario del pasado mes de julio, aprobado por Més y Podemos, con la abstención del PSOE y el PP y el voto en contra de Ciudadanos, por el que se tiene en consideración la iniciativa popular de la Federació d'Associacions de Veïns, avalada por más de 6.000 firmas, que prohíbe el alquilar vacacional en viviendas plurifamiliares en toda la ciudad.
Este acuerdo "político" se debe plasmar en el informe técnico y jurídico, que ha de justificarlo o no zona por zona, con el fin, tal como ha indicado el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, José Hila, de que si es impugnado judicialmente se pueda defender y no sea anulado por los jueces.
Dar y quitar derechos
Hila ha indicado en varias ocasiones que en Urbanismo se "dan y quitan derechos" por lo que las decisiones "deben estar bien documentadas y justificadas tanto desde el punto de vista técnico como jurídico".
Si bien el equipo redactor de la propuesta parte de la base del acuerdo plenario de prohibición del alquiler turístico en viviendas plurifamiliares en toda la ciudad, "no se le han dado más indicaciones", según el teniente de alcalde, que las de determinar el impacto del alquiler vacacional en todas sus modalidades sobre el acceso a la vivienda en toda la Ciudad, que es el bien superior a proteger.
Por ello, no se descarta que el informe estudie también la incidencia del alquiler turístico en otro tipo de viviendas, como las unifamiliares entre medianeras, con el fin de preservar la idiosincrasia de los núcleos tradicionales como los de Sant Jordi, Son Ferriol, sa Casa Blanca, el Molinar o Establiments, entre otros. En estos núcleos existen aún agrupaciones de viviendas unifamiliares (en las que, en principio, se permite el alquiler vacacional.
Se pretende averiguar qué efectos tendría el cambio de uso de estas viviendas sobre el mantenimiento del núcleo tradicional, además de sobre el acceso a la vivienda de la población residente en estas zonas.
También se determinará si se permite o no en las edificaciones aisladas en zonas protegidas, tal como se reclama desde el grupo municipal del PP, convencidos de que posibilitar este uso en estas edificaciones supone darles una viabilidad económica que permitirá su preservación.
Propuesta del pleno
Pese a lo anterior, desde el equipo de gobierno se insiste en que solo existe consenso en el estudio de la propuesta aprobada por el pleno, cuyos resultados son los que, en principio, se van a tener en cuenta.
Se asegura que, por el momento, tampoco tomará en consideración la propuesta del PSOE, avalada inicialmente también por Més, de estudiar la posibilidad de permitir el alquiler vocacional en desterminadas zonas un máximo de 60 días al año en la vivienda habitual.
Mientras tanto, la Federació d'Associacions de Veïns de Palma ha aumentado sus exigencias y, junto con el GOB y Terraferida, han planteado la prohibición "de cualquier modalidad de alquiler turístico" en toda la Ciudad.
El presidente de la Federació, Joan Forteza, incluso ha llegado a amenazar al equipo de gobierno con presentar una denuncia ante la fiscalía si finalmente el acuerdo plenario de julio del año pasado no se plasma en la prohibición efectiva del alquiler vacacional en las viviendas plurifamiliares de todo el municipio. Asimismo, el colectivo Ciutat per a qui l'Habita.
