El plan del Ayuntamiento de Palma para el desmantelamiento del poblado gitano de Son Banya sigue su curso. Tras la aprobación a principios del pasado mes de febrero del proyecto de demolición de las primeras 46 estructuras, 45 de ellas ocupadas por familias que ya tienen la orden judicial de desalojo que debe cumplirse antes de los días 17 y 18 de abril, en la junta de gobierno celebrada esta semana se ha aprobado el inicio de la contratación urgente de la empresa que debe llevar a cabo los derribos.

El contrato sale a concurso por el procedimiento de urgencia, con el fin de que pueda estar adjudicado antes de la salida de las familias afectadas del poblado y, de esta forma, proceder al derribo de las chabolas que vayan quedando vacías con el objeto de evitar que sean ocupadas de nuevo, tal como ha ocurrido con anteriores programas de desalojos llevados a cabo por el Ayuntamiento de Palma.

El presupuesto máximo para la ejecución de estos primeros derribos es de 495.756 euros, a cargo de una partida del área de Bienestar Social incluida en los presupuestos municipales del presente año.

Estas primeras demoliciones son consecuencia de las actuaciones emprendidas a raíz de la puesta en marcha del programa de realojos del poblado 2008-2012.

El Ayuntamiento ordenó el desalojo de estas 46 edificaciones después de comprobar que sus titulares disponían de otras alternativas habitacionales fuera del poblado. En 2010 los afectados iniciaron un proceso de interposición de demandas judiciales celebrándose, en 2012, los respectivos juicios.

Un total de 45 resoluciones judiciales fueron favorables al Ayuntamiento de Palma por el que se obligaba a los habitantes de estas viviendas a desalojarlas. Estas sentencias aún no se han ejecutado. Por ello, desde el juzgado de lo civil se dictaminó que, en el mes de abril de 2018, se debía proceder al desahucio forzoso de los ocupantes de las chabolas objeto de este procedimiento judicial.

Paralelamente a la ejecución de estas sentencias judiciales firmes, el Ayuntamiento ha aprobado un nuevo plan para la erradicación del poblado en tres años, que cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos con representación en Cort.

Este programa incluye una serie de ayudas a las familias sin recursos que cumplan con una serie de requisitos, entre los que se incluye el compromiso de escolarizar a los hijos o a la búsqueda activa de trabajo en el caso de que no dispongan él. El plan contempla la posibilidad de una ayuda de un máximo de 1.000 euros mensuales para el alquiler de una vivienda en la ciudad.

Según informó a principios del pasado mes de febrero la concejala de Bienestar Social, Mercè Borràs, de las 45 familias afectadas por estos desalojos, 20 han contactado con el Ayuntamiento con el nuevo programa y trece de ellas cumplen con todos los requisitos para recibir las ayudas.

Ocho de ellas ya están en la fase de búsqueda de vivienda y, de ellas, una familia ha solicitado una hipoteca y el resto busca en el mercado del alquiler. Otras 20 familias que viven en el poblado sin orden de desalojo también han contactado con Bienestar.