El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Palma ha reclamado la supresión de las cláusulas lingüísticas en los contratos que formaliza el Ayuntamiento con empresas de obras y de servicios porque, entre otras cuestiones, consieran que el hecho de que los pliegos y los rótulos estén en catalán, al igual que el personal deba hablar esta lengua "no influyen para nada en la calidad del servicio que se presta", en opinión de la portavoz de este grupo, Margalida Durán y del concejal Guillermo Sánchez.

Asimismo los conservadores han denunciado que las cláusulas sociales y medioambientales, que su grupo sí apoya, solo se aplican "en un 40% de los contratos formalizados desde que están en vigor", mientras que las lingüísticas se exigen en un ciento por ciento de los casos, lo que, según Durán, "su aprobación solo ha sido una excusa para exigir el uso del catalán a todas las empresas que contraten con Cort".

Al respecto, el concejal Sánchez, ha afirmado que mientras en los contratos de la grúa, servicio que se está licitando por un importe de 15 millones, se exige el catalán, se exime el cumplimiento de las cláusulas medioambientales y lingüísticas. Lo mismo ocurre en el caso del contrato menor para la redacción de la zonificación del alquiler turístico.

Durán ha recordado asimismo que la Delegación del Gobierno demandó a Cort ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) hace un año al considerar que la exigencia del catalán en los contratos atenta contra el atículo 14 de la Constitución. Asimismo, ha recordado que recientemente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulano una normativa similar por considerar que atenta contra los principios de igualdad y libre concurencia. Por todo ello, Durán cree que las cláusulas lingüisticas deben dejar de aplicarse ya sin esperar la resulución del Tribunal Superior.

El PP ha presentado también una proposición para que sea discutida en el próximo pleno municipal en la que se exige que el portal de transparencia de Cort se mantenga actualizado y que se incluyan las retribuciones brutas que perciben los altos cargos de las empresas y organismos públicos municipales.