La Federació de Veïns de Palma está dispuesta a aceptar una de las peticiones de la asociación de restauración consistente en que en los barrios del Eixample y del extrarradio de la ciudad se puedan mantener las terrazas actuales. En estas zonas, el espacio libre para los viandantes que se deberá dejar entre la fachada y las mesas y sillas autorizadas será de dos metros, la misma distancia actual, lo que, en la práctica, va a suponer que se continúen autorizando las mismas ocupaciones.
De hecho, con la propuesta inicial del equipo de gobierno, consistente en la obligatoriedad de dejar dos metros y medio libres para los peatones en toda la ciudad, barriadas del Eixample como Pere Garau eran las más perjudicadas con la reducción de terrazas, puesto que, según los cálculos del propio Ayuntamiento, en esta zona se eliminaban hasta el 35% de las ocupaciones actuales.
La distancia de dos metros solo se mantendrá, no obstante, para las licencias de actividad actuales, de tal forma que si se produce un cambio o un traspaso del negocio, el nuevo deberá ajustarse a la distancia de 2,5 metros libres.
No obstante, el desacuerdo entre estos dos colectivos, se mantiene en varios puntos considerados de importancia. El presidente de la Federació de Veïns, Joan Forteza, insiste en que, en los ejes cívicos, no solo se debe reducir la ocupación prevista en porcentajes que van del 34% y el 23%, respectivamente, sino que se debe garantizar, además, que se deja un espacio de un mínimo de 2,5 metros desde la fachada hasta la terraza.
"No modificar lo que funciona"
En este punto, los restauradores discrepan ya que, según el vicepresidente de la asociación, Francisco Martínez, "no se debe modificar lo que funciona y lo que no provoca problemas", y afirma que los vecinos de estas calles no demandan esta reducción.
Otra cuestión pendiente de acuerdo es la referente a la propuesta del equipo de gobierno de prohibir y suprimir las pérgolas dando para ello un plazo de un año y medio a partir de la aprobación de la nueva norma.
Para los vecinos, se trata de una cuestión que, en estos momentos, es irrenunciable. No obstante, los restauradores quieren mantener estos toldos de dos o más sujeciones, aunque, según Martínez, aceptarían que se suprimieran los cerramientos de plástico.
Según el estudio económico elaborado por el departamento de la Función Pública, la supresión de estos elementos afecta a 150 locales, lo que representa un 15% del total de las autorizaciones dadas. Se calcula que su supresión y la sustitución por sombrillas, supondrá una "pérdida empresarial global" valorada en unos 300.000 euros.
Si bien en un primer momento en la propuesta del equipo de gobierno no se contemplaba la reducción de media hora en el horario de ocupación en invierno, en el estudio económico repartido ayer a las partes, se recoge esta petición inicialmente planteada por la Defensora del Ciudadano.
La nueva propuesta mantiene, como norma general, que cada día deberán retirarse de la vía público todos los elementos autorizados, aunque se ha añadido que "excepcionalmente" se podrá autorizar el apilamiento provisional de todo el mobiliario en un espacio concreto hasta el horario de cierre del establecimiento. Con esta medida, se calcula que los locales pueden garantizarse "un 20% más de la caja bruta diaria".
Este estudio señala también que las arcas municipales dejarán de ingresar 200.000 euros al año por la reducción de las terrazas ocasionada por la nueva norma. Se insiste en que el espacio ganado para los peatones y los ciudadanos es del 10%, porcentaje que, globalmente, coincide con las terrazas que no se podrán autorizar.
Pese a las discrepancias, el presidente de la patronal de restauración, Francisco Martínez, afirmó ayer que "vamos por buen camino" puesto que ha constatado que "existe voluntad de acuerdo".
