Que el grupo municipal de Podemos (antes, Som Palma) está dividido en dos facciones irreconciliables, no es ningún secreto, puesto que es así desde prácticamente su constitución. En un lado, están la concejala de Sanidad, Antònia Martín, y el de Infraestructuras, Rodrigo Andrés Romero. En el otro, la teniente de alcalde de la Función Pública y Gobierno Interior y hasta ahora presidenta de la Empresa Funeraria Municipal, Aurora Jhardi, la responsable de Participación Ciudadana, Eva Frade, y el concejal de Igualdad y Derechos Cívicos, Aligi Molina. La renovación de cargos en el seno del partido en Palma no ha hecho más que ahondar en esta división interna, al hacerse con la secretaría general Antònia Martín frente al candidato Aligi Molina. Con este panorama, es inevitable que cualquier movimiento de sillas que se produzca tenga una lectura en clave política, como ha ocurrido con el pase de la presidencia de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) a la concejalía de Sanitat (Salud). No obstante, al margen del anterior razonamiento, Jhardi, a la que se ha "arrebatado" la Funeraria, apoya este movimiento "por lógica política y administrativa". De hecho, esta empresa siempre había dependido del área sanitaria hasta que en el anterior mandato, no se sabe muy bien por qué, pasó a depender de la Función Pública. Y así se lo encontró el nuevo equipo de gobierno, que decidió continuar con esta estructura, pese a que Jhardi ya pidió el cambio.
Las pérgolas desaparecerán en un año y medio
El equipo de gobierno aún no ha presentado el proyecto definitivo para la modificación de la ordenanza de terrazas. De las tres cuestiones en las que se debe alcanzar un acuerdo interno, dos están completamente resueltas, y la tercera aún está en el aire. Entre las primeras, se incluye la decisión de no incluir horarios de invierno y de verano en esta norma y que en un año y medio deberán desaparecer todos los toldos no anclados a las fachadas con más de un pie de sujeción, es decir, las pérgolas cerradas que han proliferado en toda la ciudad. Solo se permitirán los toldos anclados a la pared y las sombrillas. Aún no se ha cerrado la distancia mínima que se deberá dejar para los peatones. Si se aceptan los 2,5 metros, las aceras deberán tener un mínimo de tres para autorizar la ocupación. En este caso, se calcula que desaparecerían un 20% de las terrazas actuales.
