13 de enero de 2018
13.01.2018

Acuerdo unánime en Cort para erradicar Son Banya

Todos los grupos municipales han pactado que el poblado desaparezca en tres años y un programa de realojos y desmantelamiento con un coste de 7,2 millones

13.01.2018 | 02:45
Todos los partidos con representación en Cort firmaron el acuerdo.
El poblado gitano de Son Banya será historia dentro de tres años si se cumplen las previsiones del plan de erradicación de este asentamiento gitano firmado ayer por todos los grupos municipales con representación en Cort.

Con este acuerdo político, que se acompaña del programa del desmantelamiento del poblado y el realojo de las familias vulnerables, se pretende que haya continuidad en las actuaciones, incluso si después de las próximas elecciones municipales se produce un cambio político en el Ayuntamiento de Palma. El programa de actuaciones previsto tiene un coste de 7,2 millones, distribuidos en 4,6 para ayudas al realojo de las familias que cumplan las condiciones establecidas en el programa, cifra a la que hay que añadir otros 745.999 euros para la demolición de las chabolas a medida que se vayan desalojando. A las anteriores cantidades hay que sumar 1,8 millones correspondientes a los gastos de mantenimiento del poblado de 2018, 2019 y 2020. A partir de este último año ya no se consignan gastos de mantenimiento puesto que la previsión es que el poblado ya no exista. Las ayudas al realojo, no obstante, continuarán hasta 2024, puesto que cada familia que tenga derecho a ellas podrá beneficiarse de un máximo de 1.000 euros mensuales para el alquiler de la vivienda habitual durante cinco años.

Según explicó la concejala de Servicios Sociales, Mercè Borrás, se calcula que de las 117 familias que en estos momentos viven en el poblado, unas 80 se puedan beneficiar de las ayudas al desalojo, siempre que cumplan con las condiciones del programa.

Entre ellas, el alcalde, Antoni Noguera, destacó que no deben estar implicadas en el narcotráfico, no pueden disponer de propiedades y se deben comprometer a escolarizar de forma efectiva a los menores de 16 años y participar en programas de inserción social en el caso de los mayores de 16 años.

En estos momentos 38 familias han manifestado su voluntad de salir del poblado. Ya se ha formalizado un acuerdo con 19 de las familias de las 43 que disponen de orden de desalojo judicial, que debe materializarse antes de los días 17 y 18 de abril. Otras 19 han manifestado su deseo de adherirse al programa y se estudia si cumplen con los requisitos.

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