La mayoría de las ocho familias de las quince de Son Banya que Bienestar Social ayudará a abandonar Son Banya por no disponer de recursos prefieren adquirir una casa en propiedad que aceptar la ayuda de un máximo de 1.000 euros mensuales para el pago de un alquiler durante cinco años.

Por ello, según ha explicado la concejala de Bienestar Social de Cort, Mercè Borrás, se está estudiando la posibilidad de que los bancos puedan aceptar a modo de aval las cantidades que el Ayuntamiento debía transferirles en concepto de alquiler.

Para que lo anterior sea posible, no obstante, se deben salvar una serie de obstáculos de tipo administrativo y políticos. Entre estos últimos, se debe alcanzar un acuerdo con todos los grupos municipales con del fin de que el plan de erradicación del poblado tenga continuidad en el tiempo y no se cambie en las próximas legislaturas.

Mientras tanto, el plan aprobado y presentado hace unos meses sigue su curso. Ayer se constituyó la comisión interdepartamental integrada por once áreas municipales y presidida por el alcalde, Antoni Noguera. Se prevé que, antes de finalizar el año, se haya alcanzado un acuerdo con todos los grupos municipales que le dé seguridad y estabilidad.

De las 45 familias de las 117 existentes en el poblado que deben abandonarlo por orden judicial antes de los días 17 y 18 de abril del próximo año, Bienestar Social ha detectado que 15 van a necesitar ayuda municipal y que cumplen para ello los requisitos establecidos. En ocho casos de estos quince ya se ha comprobada que cumplen con todos los requisitos. Con el resto continúan los contactos. Además, otras 11 familias que aún no tienen la orden de desalojo también se han interesado en incorporarse al programa.