Solo dos de cada tres contratos de obras y servicios adjudicados a lo largo del presente año por el Ayuntamiento de Palma cumplen con las cláusulas sociales, medioambientales y lingüísticas aprobadas por el tripartido de Cort en octubre del año pasado.
La teniente de alcalde de la Función Pública, Aurora Jhardi, ha explicado que, en lo que llevamos de año, se han formalizado o prorrogado un total de 35 contratos de obras y servicios. Se trata de trabajos que el Ayuntamiento externaliza y encarga, previa convocatoria de un concurso público, a una empresa privada.
Desde el pasado mes de octubre las empresas que realizan servicios para el Ayuntamiento están obligadas a cumplir con las cláusulas sociales, medioambientales y lingüísticas aprobadas por el tripartito y presentadas como un gran avance en relación a las disposiciones existentes al respecto con anterioridad.
De esta forma, según Jhardi, delos 35 contratos formalizados este año, 23 cumplen escrupulosamente con estas condiciones, mientras que los doce restantes no. La teniente de alcalde explica que, por regla general, las adjudicaciones que incumplen estas instrucciones se refieren a contratos que están en período de prórroga ya sea ordinaria o extraordinaria.
En estos casos, los pliegos de condiciones que se aplican en las contrataciones son los originales por lo que, cuando se aprobaron, no estaba en vigor la normativa actual, por lo que, pese a que el acuerdo de prórroga es posterior a la aprobación de la instrucción, legalmente no se pueden introducir sus especificaciones.
En el resto de las 23 nuevas adjudicaciones, excepto la que se refiere al mantenimiento de las piscinas dependientes del Institut Municipal de l'Esport, se han incluido las condiciones sociales, medioambientales y lingüísticas en los respectivos pliegos de condiciones para la adjudicación de estos servicios.
En el caso del mantenimiento de las piscinas municipales, Jhardi manifestó que se trata de un caso extraordinario. Aceptó que los nuevos pliegos no incluyeron las condiciones sociales y medioambientales, puesto que se hicieron dos convocatorias extraordinarias previas que resultaron desiertas. En estas condiciones, legalmente se debía proceder a la convocatoria de un nuevo concurso y la consiguiente aprobación de unas nuevas cláusulas administrativas, un proceso que dura meses y que habría provocado que las piscinas se quedaran sin servicio por un tiempo indeterminado. Por ello, se optó por adjudicar el concurso con los antiguos pliegos.
