Cort rectifica y permitirá que las familias que salgan de Son Banya se puedan instalar en cualquier barriada de Palma. Eso sí, si eligen una de las cinco zonas más vulnerables que en un principio quedaban excluidas (Son Gotleu, Nou Llevant, La Soledat, Son Roca-Son Ximelis y Verge de Lluc), recibirán solo la mitad de los 1.000 euros prometidos.

En agosto, cuando el desmantelamiento de Son Banya se reactivó con las órdenes judiciales de inminente desahucio, la regidora de Bienestar, Mercè Borràs, anunció que para evitar más problemas a los barrios más desfavorecidos, el reparto de familias gitanas evitaría estas zonas.

Sin embargo, el Ayuntamiento asegura que no quiere impedir que estos ciudadanos accedan a una vivienda y más cuando en estos barrios el precio de alquileres y de venta de pisos es más asequible que en otros. Así que permitirá que se instalen en estos barrios, pero les otorgará solo el 50% de la ayuda, como medida "disuasoria", explica Borràs.

Una oportunidad

El departamento de Bienestar ya se ha reunido con diez de las quince familias a quien ha ofrecido ayuda, más otras ocho que sin orden de desalojo quieren salir ya del poblado, informa la regidora de este área, Mercè Borràs. "Todas han venido por propia voluntad. Muchas ven que es una oportunidad", comenta Borràs. Quedan otras cinco familias, obligadas a dejar sus casas antes del 17 de abril, que aun no han acudido al Ayuntamiento.

Las ayudas se empezarán a pagar a partir de la fecha de desahucio, tanto si es para pagar un alquiler como para una hipoteca, y no antes, confirma la regidora, a pesar de que la partida presupuestaria ya se ha incluido en los presupuestos de 2018.

"Sabemos que se están moviendo, que tienen ganas de irse", comenta la regidora sobre las familias que ya han pasado por su despacho.

De esas reuniones, Mercè Borràs destaca el cambio de actitud que muestran quienes serán desahuciados una vez se les ha explicado que todas las sentencias dan la razón al Ayuntamiento. Los afectados por las órdenes pasan de reclamar lo que consideran un derecho adquirido (tener una vivienda sufragada por las arcas públicas) a ver el plan de integración social como una oportunidad.

Son Banya es ahora mismo "una máquina de exclusión social", todo lo contrario del propósito con el que se creó el barrio de Son Riera en los años 70, que pretendía ser un proyecto pionero de integración de familias gitanas que hasta ese momento vivían en chabolas.

El Ayuntamiento entregará ayudas de hasta 1.000 euros mensuales durante cinco años a esas familias que abandonen el poblado, siempre que no dispongan de otra vivienda, que estén dispuestos a seguir un plan de inserción social y que los menores estén escolarizados, además de no disponer de ingresos u otros recursos. En un po¡principio, la ayuda se limitaba a quienes figuraban en el censo de Son Banya en el año 2008. Este criterio también se ha cambiado y podrán acceder a las ayudas todas las familias sin otra alternativa que en la actualidad estén viviendo en el poblado, empadronadas en Palma y con informe favorable del trabajador social.

Posibles usuarios de VPO

Las ayudas se darán por un plazo de cinco años. Dependiendo de la situación de esas familias en ese momento, la regidora de Bienestar solicitará que estas familias puedan acceder a las viviendas sociales que se prevé construir a partir del próximo año.

Internamente, el Ayuntamiento ha creado una comisión entre diferentes concejalías con un equipo técnico asesor, formado por un especialista del área de Igualdad y dos de Urbanismo.