La Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram (Emaya) reclama más de 500.000 euros a cinco fabricantes de camiones por prácticas anticompetitivas. En concreto, la empresa municipal ha realizado un estudio y ha concluido que 51 vehículos adquiridos entre 2007 y 2011 fueron objeto de un pacto de precios suscrito en secreto por estos fabricantes por el que cobraron un sobreprecio de entre 10.000 y 15.000 euros por cada uno de los vehículos adquiridos en esta época.
Los fabricantes implicados en este pacto (Daimler, DAF, Volvo, Iveco/Renault y Man) fueron sancionados por la Comisión Europea en julio de 2016 con una multa por un importe de 2.930 millones por pactar precios y elevarlos en lugar de competir entre ellos.
Man quedó finalmente exenta de la sanción por haber denunciado esta práctica. Este acuerdo produjo unos sobrecostes a las empresas afectadas, entre ellas Emaya, aunque se calcula que en españa pueden ser 150.000 transportistas, que ahora pueden reclamar ante los tribunales españoles.
La empresa municipal, tras realizar el estudio sobre los vehículos afectados, ha encargado al despacho de abogados Garrigues que proceda a la reclamación de las cantidades presuntamente cobradas de más. El contrato con Garrigues se ha formalizado tras la solicitud de otras tres ofertas y ha sido cerrado por un importe de 45.000 euros. Este contrato contempla unos honorarios fijos de 2.500 euros más IVA y otros adicionales en forma de prima, consistentes en el 10% de la cantidad que Emaya consiga recuperar de los fabricantes.
Con posterioridad a la sanción de la Comisión Europea a los cinco fabricantes mencionados anteriormente se ha sumado el pasado mes de septiembre la imposición de una multa a Scania de 880 millones. Se trata de la cuantía más elevada impuesta nunca por un caso de acuerdos anticompetitivos.
