El consejo rector del consorcio de la Platja de Palma aprobó ayer, en una reunión en la que se debía acordar también su disolución, el proyecto de urbanización de Bellavista, que permitirá legalizar su situación urbanística irregular y que sus propietarios, constituidos en junta de compensación, ejecuten las obras de dotación de servicio y asfaltado de calles por un importe de 12,5 millones.
En cambio, la recuperación de las competencias urbanísticas por los ayuntamientos de Palma y Llucmajor, que también debía acordar en esta reunión, se aplazó. Los cuatro proyectos, por un importe de 900.000 euros cuya ejecución el Consorcio tiene pendientes en Palma los deberá ejecutar Cort con el dinero que le será transferido. Por ello, el teniente de alcalde de Urbanismo, José Hila, manifestó al término del encuentro que la reunión ha ido "razonablemente bien".
Los vecinos de Bellavista temían que el proyecto, que lleva casi diez años de tramitación, sufriera un nuevo retraso debido a la disolución del consorcio de la Platja de Palma, organismo que asumió las competencias urbanísticas de las zonas turísticas de Palma y Llucmajor.
El temor se fundaba en que, para la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, que ya había superando todos los trámites, se necesita el acuerdo unánime de las cinco administraciones que conforman el consorcio: el Gobierno central, el Govern balear, el Consell de Mallorca y los ayuntamientos de Palma y Llucmajor.
Todos los integrantes de este organismo menos los representantes del Estado habían mostrado su disposición a aprobarlo antes de su disolución con el fin de agilizar el inicio de las obras. Si ayer no se hubiera aprobado definitivamente el proyecto de urbanización se debería haber esperado a que Cort asumiera nuevamente las competencias urbanísticas cedidas al Consorcio, lo que probablemente hubiera tardado meses.
Bellavista es una urbanización situada en la Platja de Palma promovida a finales de los años 50 y que cuenta con 450 parcelas y una población de 1.500 personas. La dotación de servicios que se prevé en el acuerdo, así como la ejecución de las obras, correrá a cargo íntegramente de los propietarios constituidos en junta de compensación.
El acuerdo de liquidación del Consorcio ha quedado aplazado para una nueva reunión porque los representantes del Gobierno central, que son los que manifestaron su intención de retirarse del organismo, recabaron un informe de la abogacía del Estado. Los cuatro proyectos pendientes, que cuentan con dotación económica, serán ejecutados una vez disuelto el consorcio por el Ayuntamiento de Palma, después de que Cort haya recuperado las competencias urbanísticas.
En concreto, en este paquete se incluye la sustitución del firme de la calle Marbella, una actuación prevista en el vial del puente del Torrent dels Jueus, la apertura de la calle Rafael Serra de s'Arenal y la ejecución de un estacionamiento en Can Pastilla.La disolución del consorcio fue instada por el Govern balear tras anunciar el Gobierno central su deseo de abandonar este organismo debido a los supuestos incumplimientos del Ejecutivo autonómico.
En concreto, la Secretaría de Estado de Turismo exige al Govern balear la devolución de 14 millones más intereses que recibió por los convenios de colaboración para inversiones de reconversión de la Platja de Palma que, según el Ejecutivo estatal, no se llevaron a cabo. El vicepresidente del Govern y conseller de Turismo, Biel Barceló, afirmó el pasado mes de junio que el año pasado el Ejecutivo autonómico justificó una inversión de 8 de los 20 millones de euros aportados por el Gobierno central en 2009 y 2010, pero la Secretaria de Estado solo reconoce inversiones por valor de seis.
