La comunidad de propietarios de la urbanización de Son Puig presentó ayer un recurso ante la conselleria de Medio Ambiente del Govern porque la instalación de 14 torres de alta tensión en el bosque situado detrás carece de su autorización específica, pese a que es un ANEI (Área Natural de Especial Interés). El organismo autonómico afirma que tiene el pertinente Estudio de Impacto Ambiental, aunque los afectados rebaten que se ha realizado en el tramo de Son Reus, pero no en el de Son Puig. Tampoco cuentan con la autorización de Recursos Hídricos, también necesaria por la existencia de un torrente, tal como explicó ayer el presidente de la comunidad vecinal, David Segura, quien entregó estos y otros argumentos a los técnicos de la conselleria.
Antes de la reunión, un grupo de propietarios se concentró en el lugar donde se instalará una de las 14 torres eléctricas, de 50 metros de altura y situada a 40 metros de las viviendas más cercanas. Esta urbanización tiene un centenar de pisos y en las proximidades hay además chalés y un colegio, por lo que denuncian el impacto visual que provoca dicha torre y muestran su preocupación por las posibles consecuencias para la salud, ya que "está demostrado que los picos de tensión causan la muerte de animales", en palabras del portavoz vecinal.
Destacó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la distancia entre un núcleo poblado y una torre de alta tensión "sea de un metro por cada mil voltios". Como la edificación está a una media de 50 metros, "tendría que estar ubicada a 220 metros", por lo que solicitan que la instalación "sea retranqueada lejos de las viviendas". Asimismo, a tres metros de la torre hay una acera y un carril bici por donde numerosos residentes pasean y hacen deporte. El presidente de la comunidad de propietarios dijo además que se trata de la última torre de la hilera, por lo que es más grande e impactante que las otras 13 previstas debido a que "tiene que soportar la tensión de todo el cableado".
La compañía Red Eléctrica, que ejecuta el proyecto, reiteró ayer que tiene la autorización de la conselleria de Energía desde 2016, la obra está incluida tanto en la planificación estatal de las infraestructuras como en el plan director sectorial autonómico y cumple con el reglamento de alta tensión en cuanto a las distancias que tiene que haber en terrenos urbanos en relación a los núcleos habitados.
Para los afectados, la solución idónea es el "soterramiento". Pese a que inicialmente es más caro, lo defienden porque "el cableado aéreo tiene un coste más alto de mantenimiento, especialmente cuando hay condiciones atmosféricas adversas, como viento y tormentas", según señaló Manuel Pareja, otro de los propietarios de la urbanización. Como imaginan que la petición no será atendida, inciden en que se retranquee la torre aledaña a las casas. Critican por último que no les informaron del proyecto y se enteraron hace días cuando comenzaron a talar pinos frente a sus viviendas.
La asociación de vecinos de Son Rapinya denunció a finales de septiembre la tala masiva de casi un centenar de árboles en el bosque de Son Puig, en el que se encuentra el antiguo camino real de Puigpunyent y Estellencs, que data del siglo XIII. Como avanzó este periódico, la ejecución de la infraestructura fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 31 de julio de 2015, que indica que la tala afecta a una superficie de 16.403 metros cuadrados de fincas privadas pertenecientes a cuatro propietarios.
La mayor parte (9.162 metros cuadrados) son de la sociedad que también tiene los campos de golf de Son Quint y Son Muntaner y el hotel Arabella. La red aérea tendrá una longitud de 4.290 metros mientras que la subterránea, que se inicia en la calle Son Puig y llegará a Son Moix, mide 3.290 metros. El coste de la obra es de 6,4 millones de euros.
