La Defensora del Ciudadano, Anna Moilanen, ha dado otro tirón de orejas al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma. En la comisión del pleno celebrada ayer calificó de "inoperante" la comisión municipal de ruidos en la que participan políticos y técnicos de distintas áreas municipales como la de Salud, Urbanismo y Seguridad Ciudadana.

Explicó que, después de las cuatro reuniones realizadas por esta comisión en la que la oficina del Defensor de la Ciudadanía también participa, considera que se debe "revisar su composición para que tenga una efectividad real".

Asimismo, trasladó al área de Urbanismo una propuesta novedosa consistente en la creación de una oficina unificada de inspección y denuncias, en la que deberían participar al menos tres de las áreas con capacidad de decretar, por ejemplo, medidas cautelares.

A juicio de Moilanen, con esta oficina se podría solventar el problema ocasionado por la existencia de "un importante número de decretos sin ejecutar sin que se haya dado una explicación, o al menos una que sea convincente". Al respecto, citó como ejemplos los decretos ya firmados para que se proceda al precinto de extractores de humo o de una barrera automática, sin que se hayan ejecutado.

Tras las reuniones celebradas en las últimas semanas con los responsables de las concejalías de Bienestar Social; Ecología, Agricultura y Bienestar Animal; Función Pública y Gobierno Interior; Seguridad Ciudadana; Participación y la alcaldía, la Defensora ha constatado que "existe un atraso importante en los trámites de los reglamentos y ordenanzas en revisión o por elaborar".

Entre ellas citó la ordenanza de ocupación de la vía pública, el reglamento de galeras y el de gestión de los Casals de Barri, advirtiendo de que el retraso en estas regulaciones "afecta directamente a la vida y al orden de la ciudad e impide en ocasiones la actuación de la policía".

Moilanen también critica la falta de coordinación entre distintas áreas municipales e insta a que este tenga "una fecha de caducidad". Califica de "grave" el "trasiego de expedientes que pasan de un área a otra con el sello de no es de mi competencia". Como datos positivos la Defensora destacó que ha habido mejoras en la agilidad de las respuestas en Sanidad, Urbanismo y Servicios sociales, "aunque la calidad de las mismas deja mucho que desear".