La Defensora del Ciudadano, Ana Moilanen, ha advertido de que "la corrupción y las intervenciones judiciales han causado estragos" en el Ayuntamiento de Palma hasta el punto de que "ha generado lagunas en la cadena de procesos, lo que permite situaciones de ilegalidad, actuaciones que quedan en la impunidad y producen un agravio al ciudadano".
Moilanen acepta que las ordenanzas municipales ofrecen un marco de control para las situaciones relacionadas con la generación de ruidos, la ocupación de la vía pública, las molestias que provocan los artistas y músicos en la calla, así como la suciedad o las molestias ocasionadas por las obras. No obstante ha constatado que, si bien la administración cuenta con herramientas para hacer frente a estas situaciones con una estructura y protocolos de actuación, "la realidad es que no siempre se aplican ni funcionan".
La Defensora ha señalado que su oficina ha tenido "un verano sin descanso", puesto que solo entre los meses de junio y agosto, se han abierto más de 80 expedientes. Además, esta semana ha concluido una tanda de reuniones mantenidas con los responsables de las áreas municipales, entre las que señala la teniente de alcalde de la Función Pública, Aurora Jhardí; la concejala de Servicios Sociales, Mercè Borrás; la de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor; el jefe de la Policía Local, Josep Palouzié y el coordinador del área, además de con la teniente de alcalde de Ecología y presidenta de Emaya, Neus Truyol, y el nuevo teniente de alcalde de Urbanismo, José Hila.
Según la defensora, "hoy por hoy Palma es una ciudad resentida, aunque con una enorme capacidad de superar situaciones traumáticas" debido a "las reclamaciones reiteradas de los ciudadanos por las noches en vela por causa de los ruidos, por la imposibilidad de un tráfico normalizado debido a los trastos tirados en la calles, los contenedores abarrotados de basura y obras de particulares o las empresas que ocupan la vía pública sin control".
Impacto perdurable
Asegura que lo anterior tiene un impacto "que perdurará durante años en la vida de los vecinos y que probablemente provocará un volumen de denuncias ante la administración importante".
Por el momento, entre los más de 80 expedientes incoados entre junio y agosto debido a las protestas de los ciudadanos, Moilanen no ha constatado motivos nuevos, "aunque sí han aumentado los más importantes y frecuentes: ruidos, ocupación de la vía pública, exceso de ocupación de las terrazas, música en la calle y molestias vecinales".
