El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha dado por buena la cantidad de 1,2 millones anuales que el Consell de Mallorca, a través de la concesionaria Tirme, debe abonar al Ayuntamiento de Palma por la cesión de unos terrenos en Son Reus para la ampliación de la planta incineradora y el mantenimiento del vertedero. La cifra se estipulaba en el convenio suscrito en 2005 entre ambas administraciones, aunque había distintas interpretaciones sobre a partir de qué fecha Cort podía cursar las liquidaciones. El fallo del Tribunal Superior establece que, del total anual, 140.000 euros corresponden a la cesión de los terrenos y 1.060.000 al mantenimiento del vertedero. En el primer caso se puede cobrar a partir de mayo de 2007 y en el segundo a partir de mayo de 2008.
