Un 14% de los edificios que han solicitado el Informe de Evaluación de la Edificación (IEE) tiene fallos estructurales que suponen un "peligro inminente", por lo que estos inmuebles han tenido que ser apuntalados y sometidos a la reparación inmediata de los desperfectos. En 2016, los informes desfavorables afectaron a un 40% de edificaciones de más de 50 años que se sometieron a esta evaluación, aunque cabe destacar que en los dos últimos años sólo una cuarta parte de las construcciones cumplió con la obligación de esta inspección.

Un total de 33 edificios construidos en 1966 y que durante el pasado año se sometieron a la evaluación técnica fueron catalogados como desfavorables con peligro inminente para viandantes, terceras personas o bienes, por lo que se emitió una orden de ejecución de medidas cautelares urgentes y se abrió un expediente específico, con el informe técnico pertinente.

Son los casos más graves detectados, en los que ha sido necesario apuntalar o colocar redes para evitar riesgos, y cuyos propietarios están obligados a reparar esos fallos también con urgencia e independientemente del resto de obras que tengan que acometer.

En 2016, 418 parcelas (hay que tener en cuenta que en una parcela puede haber más de un edificio) debían presentar el informe de evaluación al alcanzar el medio siglo de su construcción. Los últimos datos de Urbanismo reflejan que solo 224 han cumplido con este trámite, mientras que 194 están pendientes de hacerlo.

Del total de los 236 informes emitidos (sobre edificios y no parcelas), hay que destacar que 112 (47%) obtuvieron una calificación de favorable. Otros 59 edificios (25%) fueron desfavorables, es decir, presentaban alguna patología que debía repararse. Aparte de estos, hay que sumar otros 33, los antes mencionados, qe son los desfavorables con peligro inminente. Y por último, los técnicos de Urbanismo reflejan en sus datos otros 32 inmuebles (14%) que presentan deficiencias de tipo formal, por lo que no han obtenido el informe favorable, pero que una vez cumplimentada toda la documentación sí estarían en condiciones de conseguirlo.

En este punto, la obligatoriedad de presentar los certificados de accesibilidad y de eficiencia energética, desde agosto de 2015, dificulta la presentación de la documentación. También el coste de las reparaciones echa atrás a comunidades de propietarios, que además suelen ser más numerosas que en edificios más antiguos y se complica la gestión y la solicitud del informe. Todas estas circunstancies influyen a la hora de que se presenten más o menos informes, según admite Cort.

A los propietarios de los inmuebles que deberían pasar la IEE y no han presentado la documentación, se les sanciona ya que la no presentación está tipificada en la Ley de Ordenación y Uso del Suelo (LOUS) de Balears como infracción urbanística leve y conlleva una multa de entre 600 a 2.999 euros, según recuerdan los técnicos de Urbanismo de Cort.

A principios de año, el Ayuntamiento envía una notificación a los propietarios de los inmuebles que deben pasar la inspección.

Entre 2009 y 2015, un total de 20.407 parcelas estaban obligadas a ser inspeccionadas, pero se presentaron 14.778, de las que la gran mayoría, un 81,72%, consiguió un informe favorable.

En ese mismo periodo, se tramitaron 2.620 multas, se rehabilitaron de forma integral 561 inmuebles y otros 91 estuvieron exentos de pasar la inspección.