El alcalde de Palma, Antoni Noguera, se reunió ayer con el vicepresidente del Govern y conseller de Turismo, Gabriel Barceló. En este primer encuentro institucional tras la asunción el ecosoberanista de la alcaldía de la ciudad se analizaron una serie de cuestiones consideradas por el nuevo alcalde como "estratégicas" para Palma, como la aprobación de la ley que regula los alquileres turísticos en viviendas plurifamiliares o la garantía de la participación directa de la ciudad en la financiación con dinero de la ecotasa de alguno de los proyectos presentados por Cort.

En este último punto, cabe recordar que el año pasado el Ayuntamiento presentó proyectos para ser financiados por la ecotasa por un importe de más de 14 millones (la mitad de la cantidad recaudada en el primer año) y no se aprobó ninguno.

Tanto el alcalde como el vicepresidente del Govern esperan que, con el cambio de la normativa, los proyectos presentados por la ciudad tengan cabida en la ecotasa, en reconocimiento de la capitalidad, aunque no sean de ámbito supramunicipal.

El Ayuntamiento no ha conseguido, no obstante, su pretensión inicial de que un porcentaje de lo recaudado por la ecotasa se ingrese directamente a las arcas municipales. Pese a lo anterior, para Antoni Noguera, la regulación del impuesto de este año es mejor que la utilizada el pasado, que supuso la exclusión de todos los proyectos presentados por el Ayuntamiento.

En relación a la ley del alquiler turístico, Noguera se congratuló de que el texto incorpore finalmente varias enmiendas presentadas por el Ayuntamiento, entre las que destacó la posibilidad de que la vivienda habitual se pueda alquilar turísticamente durante 60 días al año.

Se trata de una posibilidad que el borrador de la ley no contemplaba y que fue objeto de enmienda por parte de Cort, que ha sido aceptada por todos los grupos del pacto, por lo que figurará en la última redacción, tal como confirmó el vicepresidente del Govern.

El alcalde explicó que esta posibilidad "es muy importante para la ciudad" porque "nos dará una herramienta más a la hora de decidir en qué zonas y en cuáles no se aceptará el alquiler vacacional y en qué modalidad".

Recordó asimismo que, una vez aprobada la ley, el Ayuntamiento dispone de 12 meses para realizar la zonificación, tiempo durante el cual continuará estando prohibido como hasta ahora el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares y, en consecuencia, tampoco se podrá dar licencias.

Por ello, es innecesario, a su juicio, adoptar medidas complementarias como las que exige Podemos en el Parlament en el sentido de que el centro de la ciudad sea declarado de "emergencia habitacional" y, en consecuencia, se prohíba de forma inmediata el alquiler turístico en esta zona. En este sentido, Barceló consideró que la polémica suscitada por Podemos por esta cuestión, "es absurda", puesto que van a ser el Ayuntamiento de Palma y, en el caso del Eivissa, su Consell, quienes tengan la potestad de decidir.

Además, el alcalde explicó que declarar una zona de emergencia habitacional sin adoptar medidas relacionadas con el acceso a la vivienda "carece de sentido".