Ni 15 ni 17 millones. La constructora Acciona Infraestructuras ha presentado finalmente una reclamación judicial de 25 millones por los retrasos ocasionados en la ejecución de las obras del Palacio de Congresos y de su hotel anexo. Tras varios intentos de llegar a un acuerdo con la sociedad Palau de Congressos S.A., participada a partes iguales por el Govern balear y el Ayuntamiento de Palma para promover el complejo congresual y hotelero, la constructora ha decidido acudir a la justicia.
El pasado viernes Palau de Congressos recibió la notificación oficial de la demanda, que se tramita en el juzgado de primera instancia número 18 de Palma. En conjunto la constructora reclama 25 millones por varios conceptos: 1.942.141,55 euros como consecuencia de la primera paralización de las obras producida entre el 29 de mayo y el 29 de noviembre de 2009, justo antes de la toma de posesión como alcalde del conservador Mateo Isern.
A la anterior cantidad se suman otros 15.732.877,25 euros correspondientes a los gastos ocasionados, según la empresa, debido a la segunda paralización de los trabajos del complejo, que tuvo lugar, por decisión unilateral del Govern y Ayuntamiento de entonces, entre el 25 de julio de 2012 y el 22 de julio de 2014.
Asimismo, la constructora reclama otros 4.430.195,78 euros por los intereses de demora por el pago retrasado de las certificaciones expedidas, además de otros 2.252.292,34 euros en concepto de "revisión de precios".
A las cantidades anteriores se añaden otros 438.133,42 euros por la suscripción y financiación del seguro a todo riesgo por la construcción del complejo y de otros 542.446,54 euros por la prolongación de las obras más allá del 29 de marzo de 2015.
Palau de Congresos informó que dispone hasta el mes de septiembre para contestar la demanda de la constructora. Los servicios jurídicos de la entidad han iniciado el análisis de la demanda con el fin de afrontar con las máximas garantías la reclamación judicial, "siempre en defensa de los intereses públicos en juego", tal como se señala en una nota emitida por la empresa pública.
Desde Palau de Congressos se indicó asimismo que Acciona Infraestructuras ya había presentado en distintas ocasiones reclamaciones relacionadas con las obras de construcción del Palacio y de su hotel anexo. "que fueron analizadas debidamente" y rechazadas.
En concreto, en noviembre del año pasado, el consejo de administración de Palau de Congressos, rechazó la reclamación de la constructora, que el aquel momento ascendía a 17 millones, por el sobrecoste de la obra ocasionado por distintas paralizaciones de los trabajos.
En aquel momento, la presidenta del consejo de administración de la empresa pública, la concejala de Turismo Joana Maria Adrover, explicó que tanto los técnicos de Palau de Congressos como los servicios jurídicos habían analizado las pretensiones de la constructora y consideraron que éstas "no han quedado acreditadas", por lo que se rechazó la indemnización solicitada. En aquel momento la empresa pública no había realizado ninguna contraoferta con el fin de intentar llegar a un acuerdo, aunque insistió en que continuaban abiertos a analizar cualquier reclamación que se realizara.
El recurso judicial de Acciona no ha sorprendido a los gestores de Palau de Congressos, quienes habían anunciado en repetidas ocasiones que la empresa tenía perfecto derecho a acudir a los tribunales si consideraba que sus derechos no eran respetados.
Tras una reunión mantenida al más alto nivel a finales de diciembre de 2015, cuando la constructora había amenazado por enésima vez en paralizar los trabajos alegando que se le adeudaban varias certificaciones de obra ya realizada, tanto el alcalde de Palma de entonces, José Hila, como el vicepresidente del Govern y presidente la junta de accionistas de Palau de Congressos, Gabriel Barceló, manifestaron que la cantidad que finalmente se abonaría a la constructora sería determinada en función de los informes técnicos y jurídicos que se habían encargado.
Si bien nunca ha trascendido la cantidad que ambas administraciones reconocen en concepto de indemnización, el exalcalde, José Hila, manifestó en varias ocasiones que ésta "no alcanza los cinco millones".
