La defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, ha reclamado ante el Ayuntamiento que las sanciones impuestas por botellón, que oscilan de 1.500 a 3.000 euros en determinadas zonas especiales, se puedan sustituir por servicios a la comunidad o formación. Pese a que la normativa lo contempla, la falta de recursos y personal impide que se pueda llevar a cabo la conmutación de las multas.
Es una ordenanza que no se ha desarrollado como debería", criticó Moilanen ante los representantes de los distintos grupos políticos municipales en una comisión previa al próximo pleno. La defensora reclamó una revisión de la implementación de esta normativa y más información sobre cuáles son las áreas de intervención especial y las sanciones por botellón.
El defensor adjunto, Vicente Rodrigo, añadió que "se necesita que alguien regule la conmutación de estas multas".
En la misma comisión municipal, Anna Moilanen exigió solución al "colapso circulatorio y al desmadre" por la falta de aparcamiento en el polígono de Son Castelló. "Hay vehículos abandonados, hay problemas de seguridad, de arbolado, de uso del polígono los fines de semana...", enumeró la defensora, quien reclamó una intervención desde diferentes áreas para mediar con Asima.
