La Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, está tratando de encontrar una solución para los hijos de Emilia Vargas, que sufren parálisis cerebral. La madre pide ayuda a domicilio durante dos horas y media al día para realizar los trabajos que requieren fuerza física, ya que está atendiéndoles sola y padece artritis reumatoide. Sin embargo, desde el Govern le advirtieron de que podría perder la ayuda económica de 250 euros mensuales correspondiente a la Ley de Dependencia si recibía la otra prestación.
La Defensora avanzó ayer que "el 1 de junio entró en vigor una nueva normativa que permite compatibilizar ambas ayudas. Antes había que elegir entre una u otra, en detrimento de muchas familias con dependientes a su cargo, una situación que aumenta los gastos entre un 30 y un 40%", como destacó.
Con esta modificación, confía en que se solvente la demanda de Emilia Vargas para que sus hijos, Antonio y Bernardina, de 31 y 35 años, puedan disponer de ayuda profesional especializada durante unas horas al día, sobre todo para bañarles y trasladarles de la silla de ruedas al sofá y viceversa, ya que son totalmente dependientes y no se tienen erguidos. Moilanen está coordinando una reunión con el jefe de la sección del área de Dependencia y Prestaciones Económicas del Ayuntamiento, el coordinador de los trabajadores sociales del Govern y Vargas, que tendrá lugar tras una operación de hernia a la que debe someterse el hijo menor, Antonio.
A nivel general, la Defensora de la Ciudadanía propone crear un Observatorio de la Dependencia con el objetivo de tratar toda la problemática de forma conjunta, unificar criterios entre las asociaciones dedicadas a ello y a la hora de conceder ayudas, aportar ideas y velar por el cumplimiento de la Ley de Dependencia, es decir, ser un órgano entre las familias y las administraciones públicas.
