El juez Manuel Penalva da por terminada la investigación del llamado caso IME, centrada en la gestión de los polideportivos de Palma, y concluye que el coste del sobrecoste que ha tenido que pagar el Ayuntamiento supera el millón de euros. El magistrado quiere sentar en el banquillo de los acusados a las cuatro personas que fueron detenidas en la operación desarrollada hace algunos meses, que se centró en las irregularidades cometidas por la empresa Roig, la concesionaria que se encarga del mantenimiento de la mayoría de polideportivos de Palma.
En la finalización de esta investigación se concluye que en este caso se cometieron hasta seis delitos, algunos de ellos castigados con largas penas de prisión. El juez considera que se han cometido los delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, falsedad, tráfico de influencia, estafa y prevaricación.
Penalva considera que estos delitos los habrían cometido los cuatro investigados. Se trata de Antoni Roig, el propietario de la empresa Roig (concesionaria de las instalaciones deportivos); el gerente de esta empresa, Bartolomé Colom; el anterior gerente del IME, Antonio Ramis (nombrado por el PP), y Alberto Serna, jefe del área de mantenimiento de los polideportivos de la ciudad. La fiscalía tiene un plazo de diez días para presentar su escrito de acusación.
El auto del juez Manuel Penalva, por el que se da por terminada la instrucción de este caso, incide en las numerosas irregularidades que se han detectado en el caso, centrándolas la mayoría de ellas sobre la empresa Roig, que también está investigada en el llamado caso ORA. El magistrado hace especial referencia al último informe entregado por el actual gerente del IME, adelantado por este periódico, en el que se establece que, únicamente en el concepto de facturas pagadas por el material utilizado en los trabajos de mantenimiento, se observa un sobreprecio, abonado por el Ayuntamiento de Palma, de más de 600.000 euros. Además, hay que sumarle el pago de horas de trabajo de los empleados de Roig, que no se hicieron, así como el abono de una serie de proyectos, como por ejemplo la colocación de unas placas solares en el polideportivo Rudy Fernández, que tampoco se realizaron, pero que sí se cobraron. Por ello, la presunta estafa supera el millón
Penalva reparte la responsabilidad en los hechos que se han descubierto, pero destaca que este fraude se ha producido, por una parte, por la dejadez y falta de control del anterior gerente del IME y, sobre todo, por la estrecha relación de amistad que mantiene Antonio Roig con el jefe de mantenimiento de la empresa municipal, Alberto Serna.
Falta de control
Como conclusión de esta investigación se señala que el anterior gerente, Antoni Ramis, nunca atendió los avisos de algunos empleados, que apuntaban a las irregularidades cometidas por la empresa concesionaria. Pero, a juicio del juez, lo más grave fue que permitió que el jefe de mantenimiento acumulara todo el control sobre la concesionaria, permitiendo que esta empresa entregara albaranes sobre materiales utilizados, sin que apareciera anotado el precio. Además, prohibió a los directores de los polideportivos que se encargaran de controlar a los trabajadores de la empresa concesionaria, para confirmar si realizaban las horas acordadas en el contrato.
Para llegar a esta conclusión, el juez se basa en las pruebas que ha entregado el actual gerente de la empresa municipal, que fue quien denunció las irregularidades detectadas en la gestión de la empresa Roig, así como en los estudios económicos que se han elaborado.
