Podem Palma ha exigido a sus socios de pacto en el Ayuntamiento de Palma (el PSOE y Més) la "constitución y puesta en funcionamiento" de la comisión de seguimiento del Código Ético suscrito entre los tres partidos y que conforma el primer capítulo del pacto de gobernabilidad de Cort.
La secretaria general de la formación morada en Palma y concejala de Salud, Antònia Martín, explicó que la constitución de esta comisión de seguimiento "constituye una medida de transparencia básica debido a la inquietud social existente en estos momentos".
Si bien rechazó especificar cuáles son las causas, a su juicio, de esta "inquietud social" derivada de cuestiones éticas, quedó claro que una de ellas es el contrato concedido a dedo por el Consorci per a la Rehabilitación de Barris (Riba), dependiente de la concejalía de Urbanismo que dirige Antoni Noguera, al exjefe de campaña de Més, Jaume Garau. Esta conducta no está directamente reflejada en el Código Ético suscrito entre los tres partidos, aunque, en uno de sus puntos, se indica expresamente que los concejales deberán inhibirse "en la toma de decisiones y abstenerse de optar a cargos con el objetivo de representar intereses personales, anteponiendo siempre los intereses generales sobre los particulares y evitar situaciones que puedan generar conflicto entre ambos".
Esta comisión, que debe estar integrada por representantes de los tres partidos que conforman el pacto (PSOE, Més y Som Palma, ahora Podemos), será determinante en el caso de que un miembro del equipo de gobierno sea investigado (antes imputado) judicialmente. En este supuesto, el afectado "deberá poner el cargo a disposición de la valoración que realice la comisión de seguimiento del presente código, la cual resolverá definitivamente".
En relación al "error" cometido por la concejala de su formación Eva Frade por el nombramiento del director general de Participación Ciudadana "por sus conocimientos del programa de Podemos", Martín explicó que "es la concejala la que tiene la capacidad de tomar las decisiones oportunas".
Al respecto, sus socios de equipo de gobierno (PSOE y Més) apremian a la concejala a que resuelva cuanto antes esta cuestión, ya sea mediante la destitución del director general y su posterior nombramiento o rectificando el acuerdo de la junta de gobierno.
