La concejala de Seguridad Ciudadana ha rechazado la acusación de los grupos municipales de la oposición y de las patronales del pequeño comercio de Afedeco y Pimeco en el sentido de que la Policía Municipal no actúa contra la venta ambulante.

Pastor explicó que mientras en lo que va de año se han abierto 111 expedientes de infracción por esta actividad, a lo largo de todo 2014, cuando aún estaba en vigor la ordenanza cívica, anulada ahora judicialmente, si bien se levantaron 2.320 actas, solo 15 se materializaron en expedientes de infracción por compra o adquisición, en el espacio público, de toda clase de artículos procedente de la venta ambulante no autorizada.

Se trata de un dato que, en opinión de la concejala, "llama la atención". A su juicio, revela el escaso grado de cumplimiento real de la prohibición de la venta ambulante ilegal.

El año siguiente, en 2015, el número de actas por las mismas causas fue menor, puesto que solo se materializaron seis contra los compradores. A lo largo del año pasado se levantaron 3.018 actas y se incautaron más de 100.000 objetos procedentes de la venta ambulante. En este año se colaboró también con el servicio de Vigilancia Aduanera en un dispositivo contra el suministro de productos destinados a su venta ilegal.

Los objetos decomisados a lo largo del año pasado tenían un valor de 1,4 millones.

La concejala explicó que, en la medida de sus posibilidades, la Policía Local también interviene en los delitos contra la propiedad industrial. El año pasado se detectaron 186, lo que supone más del doble que en 2015, año en el que se actuó en 75, mientras que en lo que llevamos de 2017 ya se ha actuado en siete.

Pastor indicó asimismo que, mientras la ordenanza de ocupación de la vía pública prohíba esta actividad, la Policía Local va actuar haciendo cumplir la normativa. Cabe la posibilidad, no obstante, de que se suprima de esta ordenanza la prohibición, cuestión que está pendiente de las conclusiones de la comisión sobre la venta ambulante creada el año pasada con el fin de afrontar este fenómeno.

Según el alcalde, José Hila, el Gobierno central se debería implicar en la solución de la problemática de las personas que se dedican a esta actividad, puesto que muchas de ellas no disponen de permiso de residencia, por lo que no pueden regularizar su situación. El alcalde explicó asimismo que la Policía Nacional es reticente a la hora de actuar contra la venta ambulante ilegal en aquellas ciudades como Palma en las que esta actividad está prohibida mediante una ordenanza municipal, por lo que a lo mejor hay que sopesar la posibilidad de suprimir esta prohibición.