El departamento de Territorio y Urbanismo del Consell de Mallorca, que dirige la socialista Mercedes Garrido, está del todo en contra de la decisión del área de Urbanismo de Cort de prohibir el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares en toda la ciudad. Garrido aseguró ayer a este periódico que esta propuesta tendría consecuencias negativas: "Trasladará la presión del alquiler vacacional a Calvià, Llucmajor, Marratxí y al resto del área metropolitana". La institución insular quiere poner freno a las pretensiones del teniente de alcalde de Més Antoni Noguera, que gestiona el área de Urbanismo de Cort.

Garrido explicó que, a diferencia del resto de municipios de Mallorca, Palma tiene la competencia por la Ley de Capitalidad para realizar la zonificación de la actividad turística en pisos de alquiler. No obstante, advirtió: "El Consell deberá elaborar un informe que es del todo vinculante".

El anuncio realizado por Noguera, así como la postura en contra de los departamentos del Consell que dirigen los socialistas, puede acarrear un conflicto de importantes dimensiones en el seno del Pacto de Izquierdas que gestionan las principales instituciones mallorquinas. "La prohibición que pretende Cort -afirmó Garrido- es muy atrevida y puede tener un efecto perverso. Palma no puede convertirse en una isla en medio de Mallorca. Ni Madrid ni Barcelona van por libre en materia urbanística". Pese a ello, todo dependerá de lo que ocurra en la Comisión de Urbanismo donde están representados todos los grupos políticos. Un acuerdo entre el PP y el PSOE podría frenar por completo la iniciativa de Cort.

Barceló dice que es "coherente"

El vicepresidente del Govern y conseller de Turismo, Biel Barceló, aseguró ayer que la decisión del Ayuntamiento de Palma de prohibir el alquiler turístico en los pisos es "coherente con el espíritu de la nueva Ley de Turismo", que entrará en vigor este año y que está a punto de iniciar su tramitación parlamentaria.

En este sentido, Biel Barceló recordó que las decisiones sobre urbanismo y el alquiler vacacional son una responsabilidad de los consells insulars y los ayuntamientos, mientras que la capacidad sancionadora corresponde al Govern en el caso de Mallorca. El vicepresidente quiso matizar así las manifestaciones del teniente de alcalde Noguera que anunciaba multas de 40.000 euros.

Por otra parte, la presidenta del Govern, Francina Armengol, pidió ayer al Gobierno que lleve a cabo una reforma de la Ley estatal de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que se especifique que los alquileres de viviendas por menos de 30 días puedan considerarse turísticos.