Una angustiada señora mayor acudió recientemente a la Omic (Oficina Municipal d´Informació al Consumidor), en el mercado del Olivar, para que la ayudasen porque una empresa editorial le había retirado 4.000 euros de su cuenta corriente por la compra de un lote de libros. "Un comercial se presentó en su casa para ofrecerle un regalo de valor si adquiría una serie de productos editoriales. Era muy simpático y la embaucó. Ella firmó los documentos que le puso sobre la mesa e incluso le dio sus datos bancarios", como relata la directora general de Consumo del ayuntamiento de Palma, Maria Antònia Comas. "Desesperada, cuando ya le habían quitado unos 4.000 euros, acudió a la Omic, que finalmente llegó a un acuerdo con la editorial", explica.
La regidora del área, Antònia Martín, añade que "por desgracia, es un caso que se produce con cierta frecuencia, porque la gente mayor suele ser más vulnerable y a veces no es consciente de hasta qué punto otorgan información comprometida, como su número de cuenta". Comas especifica que "hay empresas que bordean la ley aprovechándose de este tipo de personas. Les ofrecen de regalo algo de mayor valor que el propio producto que venden, como por ejemplo un sillón, y les dicen el precio de la compra a plazos para engancharles, pero no informan del precio final".
Los funcionarios de la Omic, ubicada en las escaleras de acceso al Olivar por la estatua del payés, atendieron a la afectada, que no contó nada a su familia, y dieron los pasos necesarios para efectuar una reclamación. "En muchas ocasiones, los perjudicados no lo explican a sus allegados debido a que les da vergüenza lo ocurrido, aunque tienen la posibilidad de acudir a la administración, que debe proteger a los ciudadanos, no solo a nivel de seguridad, sino en todos los ámbitos, como en el de consumo", tal como destaca la responsable política del área.
La negociación
Los siete trabajadores de la oficina municipal atienden los casos de "interacciones económicas con cualquier tipo de empresa -dice Martín-, aunque en una primera etapa, con el objetivo de que la compañía se avenga a negociar. Cuando finalmente es necesario el arbitraje, la competencia pasa al Govern". La regidora de Sanidad y Consumo aconseja a quienes se sientan engañados con la compra de un producto o servicio que se pongan en marcha enseguida. "Hay que guardar el tiquet de compra, el producto defectuoso, un posible escrito de reclamación ante la empresa y todo aquello que pueda ser útil para que los funcionarios estudien el caso y, si corresponde, abran expediente", según enumera.
Respecto a las compraventas externas a un establecimiento (por internet o con un comercial), "por ley tenemos 14 días de plazo para decidir si queremos o no el producto o servicio adquirido, pero aunque se supere, se puede iniciar una reclamación". Incide sin embargo en que, "cuanto antes comiencen los trámites, más fácil será llegar a una resolución positiva".
Casi 2.000 casos en 2016
La memoria de la Omic del año pasado señala que se abrieron 1.778 expedientes, de los que 506 fueron resueltos por acuerdo de las partes gracias a la mediación del Ayuntamiento mientras que otros 479 fueron trasladados a la dirección general de Consumo del Govern debido a que no eran competencia municipal. De todos modos, la concejala destaca que "desde la oficina del Olivar se remiten esos expedientes al Govern para que el afectado no tenga que realizar los trámites de nuevo". El resto no pudo ser solventado por diversos motivos. Las reclamaciones más numerosas están relacionadas con la telefonía móvil (324), el transporte aéreo (286), internet y telefonía fija (249), y casos en los que no se respetó la garantía del producto (164 expedientes).
