El sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) ha presentado una querella criminal en los juzgados de Palma contra la actual concejala de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, a la que se imputa un delito de prevaricación administrativa. Dicha denuncia, que está pendiente de ser admitida a trámite, se refiere a la contratación del actual jefe de la Policía Local de Palma, Josep Palouzié i Vizcaya, que ocupa el cargo desde el pasado mes de junio. Según dicho sindicato, la contratación de Palouzié, que procede de la Policía Local de Girona, habría sido ilegal por cuanto no ha acreditado que tenga el título mínimo de catalán, como exige la reciente normativa para el acceso a la función pública. Además de Pastor, también figuran como querellados el propio jefe de la Policía y el jefe de servicio que avaló dicha contratación.

El día 6 de abril del año pasado se aprobó la ley sobre la recuperación del uso del catalán en la función pública, que entró en vigor una semana más tarde. Las bases para la convocatoria de esta plaza se publicaron en junio de 2016, cuando la ley sobre el catalán ya estaba en vigor, por lo que el sindicato entiende que era "requisito indispensable la acreditación del conocimiento de la lengua catalana por parte del señorPalauzié".

Según describe la querella, elaborada por el abogado Andrés Buades de Armenteras, el pasado mes de noviembre se solicitó al Ayuntamiento de Palma, por parte del sindicato, una certificación del título de conocimiento de la lengua catalana que habría presentado Palouzié. La contestación de Cort fue, en vez de presentar el certificado, entregar un informe elaborado por el jefe de servicio del área de Seguridad Ciudadana. En este informe se señalaba que no se le podía exigir este título al jefe de la Policía Local, por cuanto el acuerdo de la Junta de Gobierno de Cort sobre la certificación del catalán en la administración local, no había sido publicado en el BOIB en el momento de publicar la convocatoria

Ante este escenario, el sindicato policial acusa a la actual concejala responsable de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, de demorar la publicación del acuerdo municipal, para permitir con ello que Palouzié obtuviera su plaza de jefe de policía, a pesar de que no cumplía con los requisitos sobre la ley de acceso a la función pública.

También se destaca que el propio secretario del Ayuntamiento de Palma se negó a firmar el decreto de nombramiento de Palouzié si no venía avalado por un informe jurídico, que fue redactado por el propio jefe de servicio. De hecho, esta presentación se demoró un día.

Para justificar la acusación de un delito de prevaricación, el denunciante asegura que toda ley debe aplicarse desde el mismo momento de su entrada en vigor, en este caso, en el mes de abril de 2016. Pero, además, según destaca la denuncia, la propia área de Seguridad Ciudadana ya venía exigiendo el conocimiento de la lengua catalana antes del acuerdo de la Junta de Gobierno de Cort y, por supuesto, con anterioridad a la convocatoria para el puesto de jefe de la Policía Local de Palma.

También se cuestiona que Palouzié, que ocupa un plaza del escalafón más alto dentro de la administración, no sea licenciado.

El abogado quiere que el juzgado, entre otras cosas, acredite en qué fecha Cort envió, para su inscripción en el BOIB, el acuerdo de la Junta de Gobierno sobre la obligación del conocimiento de la lengua catalana. También pide que se certifique la convocatoria de empleo posterior a la ley sobre la exigencia del conocimiento de la lengua catalana en la administración local.