El sindicato municipal SPPME reclama al Ayuntamiento que anule el nombramiento de 24 de los 25 cargos directivos elegidos esta legislatura, ya que incumplen los requisitos para ocupar dichas plazas, es decir, ser funcionarios de carrera de la escala A1, según expone el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en una denuncia interpuesta ante Cort. Tal como recuerda el presidente de la sección sindical, Óscar Rojas, "la norma es clara" en relación a estos cargos que ocupan los niveles inferiores a los concejales: directores generales y coordinadores de área.

Añade que "puede haber una excepción" y que los puestos sean ocupados por personal externo al funcionariado, "aunque deben reunir los requisitos de idoneidad de la Ley 3/2015". Rojas especifica que deberían tener "un prestigio, experiencia y valía demostrable, algo que no se ha constatado con ninguno" de los cargos que fueron nombrados al inicio del actual mandato, según el representante del sindicato especializado en la Policía Local.

SPPME considera que, "de la excepción a la norma, el Ayuntamiento de Palma ha hecho ley, ya que de los 25 cargos directivos, solo hay uno que ha accedido a su puesto porque es funcionario de carrera del grupo A1", en concreto la directora general de Movilidad, Josefa Maria Arola. "Los otros 24 cargos han accedido a su puesto mediante la excepción a la norma [...] y no se justifica la idoneidad al puesto que ocupan", según puede leerse en la denuncia presentada ante la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC). El sindicato concluye que "se ha retorcido la norma claramente" con el fin de nombrar personal aprovechando las excepciones.