El interventor del Ayuntamiento de Palma cuestionó el sistema de puntuación que utilizó el departamento de Movilitat para valorar las diferentes ofertas que se presentaron para desarrollar el contrato de la ORA. Y esta diferencia de criterio provocó un enfrentamiento entre los dos departamentos municipales. Al interventor no le convencía que Movilitat diera menos importancia a la oferta económica que a los aspectos subjetivos de las ofertas, entre la que se incluían los temas técnicos. Por ello, propuso, a través de una circular, que como criterio general, dentro de las ofertas, el aspecto económico tuviera un peso específico del 60% a la hora de puntuar los proyectos. Se proponía una formula lineal, entre otras cosas, porque este sistema lo utilizaba el Govern balear, siguiendo un criterio de la Comisión Europea. En la propuesta se aceptaban algunas excepciones.
Pago de comisiones
Este diferencia de criterio aparece reflejado en el sumario del presunto amaño del concurso de la ORA, un contrato que se adjudicó a la empresa Roig, supuestamente, a cambio del pago de comisiones, según sospecha el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán y el juez Manuel Penalva. Una sospecha que viene avalada por las numerosas irregularidades que se han detectado en el proceso administrativo de este contrato, reconocidas incluso por algunos de los técnicos presentes en la mesa de contratación. El ejemplo más claro se centra en el aspecto económico. A pesar de que históricamente el contrato de la ORA había sido deficitario, a razón de casi 400.000 euros anuales, el departamento de Movilitat dio una mayor puntuación a la oferta más cara. El proyecto que encabezaba la UTE entre Dornier (que históricamente había desarrollado este contrato) y la empresa Roig era cinco millones de euros más caro que la competidora que obtuvo la segunda puntuación. Pero no solo se cuestiona la puntuación de la oferta económica, sino también otros aspectos de las ofertas. Por ejemplo, los técnicos dieron más puntos a la propuesta de adquirir dos motos eléctricas (presentada por Roig), que a la oferta de la otra empresa, que se comprometía a sustituir más de un centenar de parquímetros. Es decir, Roig consiguió el contrato, a pesar de que era la oferta más cara y ofrecía menos mejoras técnicas que su competidora.
No solo se cuestiona el proceso de puntuación, sino también el proceso administrativo que siguió el Ayuntamiento de Palma. Los funcionarios elegidos para valorar las ofertas fueron a la vez incluidos para formar parte de la mesa de contratación, cuando ello no se había producido nunca. Y también se ha constatado que algunos proyectos se valoraron mientras se redactaban los pliegos del concurso. En el expediente se refleja que los 4.000 folios de los proyectos se estudiaron en apenas siete días laborales, situación la Policía califica de "sospechosa". Además, a pesar de la lentitud de la administración local, el preceptivo informe jurídico se elaboró en un solo día, pese a que era uno de los contratos más importantes del Ayuntamiento.
La Policía no tiene ninguna duda de que este contrato fue amañado a cambio de una comisión económica, si bien es cierto que hasta ahora no se ha encontrado la pista del dinero.
Los investigadores responsabilizan de todas estas irregularidades al funcionario que dirigía el departamento de Movilitat de Cort, Miguel Femenías, que tuteló todo el concurso y propuso que el contrato de la ORA se le otorgara al proyecto de Roig.
