El Ayuntamiento de Palma ha rechazado un requerimiento formulado por la Delegación del Gobierno en Balears y va a continuar abonando a lo largo del presente año la carrera profesional a sus funcionarios.
La teniente de alcalde de la Función Pública, Aurora Jhardi, acompañada por representantes sindicales en Cort afirmó ayer que no van a hacer caso a la orden firmada por la delegada del Gobierno María Salom, quien el pasado 1 de febrero emplazó al Consistorio a que, en un plazo de un mes, anulese el acuerdo de carrera profesional aprobado el pasado año, que supuso el incremento del gasto en 1,7 millones a lo largo de 2016 y de 4,5 millones en el presente año.
Jhardi afirmó que el acuerdo de carrera profesional no supone un incremento salarial, puesto que los funcionarios que lo perciben deben cumplir una serie de condiciones de antigüedad, formación y de incremento de productividad, entre otras.
Además, recordó que, tras alcanzar el acuerdo con los representantes sindicales, fue ratificado por la junta de gobierno municipal y por el pleno del Ayuntamiento.
Este proceso contó en todo momento con los informes favorables de los servicios jurídicos municipales y del departamento de Intervención.
La carrera profesional, que fue interrumpida por el gobierno municipal del PP en 2012, se retomó el año pasado tras alcanzar un acuerdo entre el equipo de gobierno y los representantes sindicales de los 2.390 funcionarios que tienen derecho a percibirla.
Supone un incremento de entre el 20% y el 80% de la cantidad que ya perciben en su nómina por este concepto, que se puede traducir en aumentos mensuales que oscilan entre los 30 y 200 euros, según los casos.
Tienen derecho a percibirla todos los funcionarios a partir de los cinco años de antigüedad en función de una serie de parámetros, entre los que se incluye la formación, la mejora de la productividad y la ausencia de absentismo laboral, entre otros.
El acuerdo supone un gasto escalonado para las arcas municipales de 1,7 millones en 2016, de 4,5 para el presente año y culmina con los 9 millones previstos a partir de 2018.
Jhardi se extrañó de que la Delegación quiera anular el acuerdo de Cort, cuando la carrera profesional también se cobra en otras administraciones como el Govern balear o el Consell de Mallorca, y lo atribuyó a un "ataque" del Gobierno central "al principio de autonomía municipal consagrado en la Constitución". Además recordó que el acuerdo alcanzado en Cort se basa en la ley autonómica de carrera profesional.
La teniente de alcalde insistió en que el equipo de gobierno municipal no va a dar "marcha atrás en la recuperación de los derechos y garantías de los 2.390 trabajadores del Ayuntamiento hurtados por el PP de Mariano Rajoy a causa de los recortes". Insistió en que el cobro de la carrera profesional "es un derecho suspendido por el gobierno del PP entre 2012 y 2015".
El requerimiento de Salom se basa en la supuesta ilegalidad del acuerdo alcanzado entre Cort y los representantes sindicales debido a las limitaciones de incremento salarial establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016", entre otras.
