El juez Manuel Penalva ha concluido la investigación sobre el presunto acoso sufrido por la agente lesbiana de la Policía Local de Palma, que denunció haber sido víctima de actos de homofobia por su condición sexual. El magistrado pretende que sean cuatro los funcionarios policiales que se sienten en el banquillo de los acusados y se defiendan de los delitos de omisión del deber de perseguir delitos, obstrucción a la justicia, coacciones, amenazas, contra la integridad moral, y acusación y denuncia falsa. Por este caso de actos de homofobia cometidos en el colectivo de la Policía Local de Palma deberá responder el excomisario Rafael Estarellas, y los agentes Rafael Puigrós, Albeto Juan y Jaime Garau. Los defensores de los cuatro agentes recurrirán la decisión del magistrado.
Aunque este caso se investigó dentro de la trama de corrupción que salpicó a la Policía Local de Palma, finalmente esta denuncia se juzgará como una pieza separada. De hecho, el juez da por terminada la instrucción y da un plazo a la acusación, en este caso la fiscalía Anticorrupción, para que presente su escrito de conclusiones. El juicio se celebrará relativamente pronto, dado que dos de los agentes denunciados se encuentran en prisión.
Aunque se trata de un caso independiente, el juez, para situar los hechos, relata de nuevo en su auto de final de instrucción todos los episodios de violencia y coacciones que se han producido durante la investigación de la trama policial. Coacciones que también ha sufrido Sonia, la agente lesbiana, que desde que decidió hacer pública su situación dentro del cuartel de la Policía Local ha visto como ha recibido amenazas escritas, el edificio donde reside ha sufrido daños y ha padecido el robo de su motocicleta y de un casco. Sin embargo, según destaca el juez, desde que dos de los agentes están en prisión, estas amenazas han desaparecido.
El juez, una vez concluida la investigación, tiene muy claro que la agente ha venido sufriendo, de manera continuada en el tiempo, continuos "episodios de insultos, desconsideración, desprecio, humillación, etc, única y exclusivamente con motivo de la condición sexual de la misma". Esta persecución homofóbica tendría como objetivo final que la mujer policía abandonara la unidad motorizada, en la que estaba prestando servicio.
El juez pretende destacar que los hechos por los que pretende que los cuatro policias locales sean juzgados no se basan únicamente en la declaración de la denunciante, sino también por otros tres testigos.
Tijeras
Lógicamente, el magistrado describe algunos de los episodios de acoso que sufrió esta agente lesbiana. Por ejemplo, señala que era habitual que la llamaran, incluso en público, "tijeras", "tijeritas" o "bollera". También le solían desinflar las ruedas de la moto, o le subían el sillín para que no pudiera llegar al suelo. La hacían entrar, estando de servicio, en locales de alterne sin "ningún propósito policial concreto". Y para entrar en la unidad motorizada, tuvo que superar unas pruebas de conducción distintas y mucho más complicadas que el resto de sus compañeros.
Estos actos de sabotaje que sufrió la mujer policía no los cometieron los cuatro encausados, sino únicamente dos de ellos, en concreto Alberto Juan y Rafael Puigrós. Sin embargo, el magistrado concluye que el entonces comisario Estarellas también tiene que sentarse en el banquillo puesto que consintió que se fueran repitiendo estos hechos y no terminó con ellos, a pesar de que Sonia le había manifestado varias veces el acoso al que venía sufriendo. "Estarellas, quien a pesar de tener cumplido conocimiento, lejos de investigar (los hechos) y atajarlos, toda vez que además de resultar denigrantes e impropios de compañeros que integran un cuerpo policial, podrían ser considerados delictivos, las minimizaba, ocultaba y amparaba, llegando a proponer a gritos a la denunciante que abandonara la unidad".
El cuarto agente que será juzgado es el sindicalista Jaime Garau, a quien también recurrió la denunciante, aunque sin éxito.
