—¿Cuándo detectaron las irregularidades en los contratos de mantenimiento?
—A finales de 2015 el gerente me comentó que tenía una sensación extraña y que estaba revisando personalmente con su secretaria todas las facturas. Unos meses después, en mayo de 2016, aparecieron dos facturas de la instalación de unas placas solares en el Rudy Fernández, que sospechábamos falsas. Después se comprobó que, efectivamente, no se habían instalado.
—¿Y qué hicieron a partir de este momento?
—El gerente recopiló la información que tenía de otras facturas que también estaban presuntamente infladas y otras irregularidades y decidimos encargar una auditoría externa.
—¿Cuándo se encargó?
—No me acuerdo de la fecha exacta, fue a mediados del pasado año. Al principio no nos lo podíamos creer, por eso íbamos recopilando más documentación hasta que finalmente decidimos encargar la fiscalización.
—¿Por qué se tarda tanto en remitir la documentación a la fiscalía?
—Se la remitimos en noviembre, enseguida que la tuvimos, pero ellos también tienen un volumen de trabajo muy importante. Antes la informaron los servicios jurídicos municipales, quienes nos indicaron los pasos que debíamos dar. Entre ellos, la apertura de un expediente disciplinario al jefe de mantenimiento y obras del IME.
—Una vez detectado el posible desfalco, ¿qué medidas de control se toman en el IME?
—Además de revisar todas las facturas también implicamos al resto del personal, como los directores de los centros, que había sido apartado del control de los suministros, las facturas y de los contratos de mantenimiento.
—¿Puede asegurar que ahora se controla el contrato de mantenimiento al céntimo?
—Lo que depende de nosotros sí.
—¿Hay algo que no dependa de vosotros?
— No, aunque cuando hay tantas cosas que controlar algo se te puede escapar.
—¿Qué otras irregularidades detectó la auditoría?
—Facturas de suministros infladas y horas que debían realizarse y no se hicieron, se facturaron y pagaron.
—¿Tienen cuantificado el montante del desfalco?
—Desconozco la cantidad, aunque en el auto del juez Penalva se afirma que, según los auditores, puede superar el millón, aunque a mi no me consta, pero desconozco la documentación solicitada por el juzgado y las pruebas practicadas.
—La empresa Roig también mantiene los centros escolares públicos. ¿Qué medidas se han adoptado para su control?
—La concejala de la Función Publica, Aurora Jardhi, ya anunció el jueves que se auditarán y revisarán todos los contratos que esta empresa mantiene con el Ayuntamiento, empresas municipales y organismos. Aunque en este caso concreto, si bien el presupuesto del mantenimiento de centros escolares sale de Educación el control técnico depende de Infraestructuras.
—Si se unifica el mantenimiento de todos los centros, como proyectan, ¿no será más difícil controlarlo?
—Creo que que no. Los directores de las instalaciones van a controlar si se cumplen las condiciones. Los hemos unificado por ahorro y simplificación administrativa. En los nuevos pliegos, que salen a licitación por 2,8 millones por dos años, se ha incluido la climatización y todos los pequeños pabellones que ahora manteníamos nosotros directamente. Además, se ha incluido un mínimo de 500.000 euros para el mantenimiento correctivo, que hasta el momento no se contemplaba.
—Se afirma que con el ex gerente ahora encarcelado en el IME se comenzaron a sacar a concurso los contratos de mantenimiento y que lo que ha ocurrido se explica en buena medida por ser una persecución política.
—No me mueve ningún afán de perseguir a nadie. Al contrario, cuando tomé posesión del cargo anuncié que no quería hacer grandes cambios, que no miraría el carnet de nadie y que solo me interesaba el trabajo que realizaba cada cual. Dicho lo anterior una vez detectadas las irregularidades, son los servicios jurídicos municipales quienes nos indicaron que debíamos poner en conocimiento de la fiscalía las presuntas irregularidades. No tengo nada en contra del ex gerente ni de ningún empresario.
—Ha dado marcha atrás con el tarifazo (el abono obligatorio para los miembros de los clubes deportivos) y ha reconocido que se equivocaron. ¿Cree que es suficiente lo acordado hasta ahora para calmar el malestar generalizado?
— Creo que sí. Ya me he reunido prácticamente con todos los clubes y, en principio, veo los ánimos muy calmados. Sinceramente creo que el principal error que cometimos fue que no dialogamos antes de adoptar las medidas con los afectados. A partir de ahora intentaremos mantener esta vía de diálolgo, informaremos de todos los pasos que demos e intentaremos que la tarjeta nueva pueda estar operativa, no en 2018, sino al comienzo de la próxima temporada.
—¿Lo anterior significa que los clubs no deberían pagar los tres meses al inicio de temporada?
—Sí, aunque en el IMI nos dicen que no es fácil porque también tienen mucho trabajo y poco personal, pero esta cuestión es una de las prioridades.
—¿Si solo querían controlar los accesos, por qué no se propuso desde el primer momento la creación de esta tarjeta?
—No es tan fácil. La tarjeta tiene que estar vinculada a una instalación concreta y a un determinado horario, a un club y al perfil de un deportista. Además en Son Moix y Son Hugo los deportistas ya pagaban desde hacía años el abono sin problemas por lo que pensamos en generalizarlo a todas las instalaciones y, hasta que se publicó la ordenanza y se puso al cobro la tasa, no se habían presentado alegaciones.
—¿Qué cantidad pensaba recaudar con las nuevas tarifas?
—Habíamos calculado, como mucho, entre 10.000 y 12.000 euros. Tenga en cuenta que damos 1.460 ayudas a familias con escasos recursos por 104.000 euros.
