Graves deficiencias en el informe que permite ampliar el puerto del Molinar

La Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto de ampliación del puerto del Molinar tiene graves deficiencias técnicas y "parece una copia de los argumentos esgrimidos por los promotores", como denuncia el grupo ecologista GOB, uno de los impulsores de la campaña ciudadana 'Al Molinar, Port Petit'. Este informe de la secretaría de Estado de Medio Ambiente del Gobierno central muestra todo tipo de deficiencias, entre ellas en el análisis del impacto sobre la dinámica del litoral y los procesos sedimentarios, así como del impacto en el paisaje y en las actividades pesqueras de la flota artesanal. Además, ni siquiera estudia los impactos territoriales y de movilidad, tal como expuso ayer el GOB después de que tres especialistas desgranasen dicha declaración, que Madrid tardó varios meses en enviarles.

"El Ministerio da por buenos los informes de los promotores sin cuestionarlos ni mirar otros", criticó la presidenta del grupo ecologista, Margalida Ramis, que puso como ejemplo que Medio Ambiente no tuvo en cuenta la evaluación negativa del Instituto Español de Oceanografía. Este organismo -que depende del Gobierno- emitió dos informes en contra, aunque no sirvieron para nada, lamentó.

Al ser favorable la declaración, el proyecto de ampliación del puerto continúa su tramitación, por lo que el GOB y el resto de las entidades de 'Al Molinar, Port Petit' temen que la construcción acabe siendo una realidad. "No hay ninguna justificación para dilatar aún más en el tiempo el compromiso adquirido por la Autoritat Portuària de rescatar la concesión del Club Marítimo Molinar de Llevant y erradicar de una vez por todas la amenaza de la ampliación", como argumentó el portavoz de la campaña, Pedro Martínez, refiriéndose al anuncio efectuado hace medio año por el presidente del organismo del puerto, Joan Gual de Torrella.

La Autoritat Portuària reiteró ayer que no tiene "intención de aceptar la prórroga solicitada por la concesión" y que el consejo de administración, que se reúne cada mes, votará en este sentido. Por tanto, "si no hay prórroga, no habrá proyecto de ampliación", por lo que en 2018 se recuperará el puerto del Molinar y la gestión pasará a ser pública, según dijo el presidente en julio.

Mientras las asociaciones en contra de la ampliación esperan el pronunciamiento del consejo de administración de la AP, han remitido el informe realizado por el GOB al ministerio de Medio Ambiente y la Autoritat Portuària. "Así consta en el expediente y si en el futuro acaban autorizando el proyecto, podríamos impugnarlo", como advirtió Ramis. "No queremos palabras, sino hechos, ya que no sería la primera vez que la administración decepciona", concluyó Martínez.