Los técnicos informáticos del cuartel de San Fernando confirmaron ayer al juez que Francisca P., la policía local de Palma que está implicada en la supuesta trama de espionaje, se interesó varias veces por conocer el sistema para encriptar documentos. Esta afirmación contradice la declaración que en su momento realizó la agente, que dijo que no tenía conocimientos informáticos y que desconocía el sistema para proteger con claves los archivos policiales.

Esta policía, que la semana pasada salió de prisión tras pagar una fianza de 35.000 euros, impuesta por la Audiencia de Palma, fue citada ayer por el juez Penalva, ya que en su ordenador profesional del cuartel de San Fernando, cuyo disco duro fue casualmente borrado, se creó el archivo, con diez gigas de memoria, que está encriptado. No se sabe lo que contiene dicho material, pero los investigadores están convencidos de que se trata de información sobre seguimientos ilegales a políticos o personajes relevantes.

La mujer, en su primera declaración, alegó que el ordenador no solo lo utilizaba ella, sino también otros compañeros de otras unidades. Sin embargo, esta afirmación fue también desmentida por otros agentes del cuartel, que aseguraron que cada funcionario dispone de una clave personal y de un ordenador propio.

Los dos técnicos informáticos del cuartel ya declararon ante el Grupo de Blanqueo de la Policía y señalaron que la agente, considerada una persona de la máxima confianza del excomisario Estarellas, les preguntó varias veces por el método que se utilizaba para proteger con claves determinados archivos. Les dijo que le interesaba conocer el método para evitar que los expedientes se pudieran perder, tal como había pasado en una ocasión anterior.

Esta nueva información que ha averiguado la Policía se suma a otro detalle importante que manejan los investigadores. Se ha constatado que la Policía Local, a través del departamento que dirigía Estarellas, adquirió seis pendrive de memoria que utilizan una contraseña especial para acceder a la información. Los investigadores no entienden la necesidad que tenía la Policía Local para adquirir este material informático, cuando el acceso al sistema del cuartel está protegido y siempre se conoce la identidad de la persona que busca información en los archivos. La única explicación que se baraja es que había un especial interés en proteger esta información trasladada a los pendrive.

La policía Francisca G., que no quiso contestar a las preguntas del fiscal y solo lo hizo a las de su abogado, confirmó que ella había gestionado esta compra. Dijo que fue un encargo de su jefe, el comisario Estarellas, que le pidió que lo reclamara al departamento de informática para que proporcionara este material, que costó 100 euros. No conocía la utilización que se iba a realizar sobre estos elementos informáticos.

La funcionaria, que acudió al juzgado respaldada por varios de sus compañeros, también facilitó la clave que supuestamente da acceso al archivo encriptado de diez gigas. Facilitó una numeración para que se pueda acceder a dicho material y alegó que no lo había facilitado antes porque no sabía muy bien de qué carpeta se trataba. Al confirmar ayer el archivo sobre el que se la relaciona, facilitó la numeración que, según ella, permitirá el acceso a dicha información. Aclaró que la clave también la conocían otros responsables del cuartel.

Por otra parte, aunque ayer estaba previsto que declarara el excomisario Estarellas, quien también salió la pasada semana en libertad bajo fianza, finalmente se tuvo que aplazar. Será hoy cuando el juez Penalva y el fiscal Subirán le volverán a preguntar sobre la nueva información que se dispone de dicho archivo encriptado, ya que Estarellas era el jefe de la unidad que se creó en la Policía Local para realizar una labor de información.

Los investigadores están convencidos de que esta unidad se estuvo dedicando a espiar a determinados personajes influyentes y después se guardó la información para utilizarla en un futuro.