Los cinco policías locales de Palma detenidos el lunes por coaccionar y causar daños a una compañera del cuerpo que afirma haber sido víctima de acoso por su condición de homosexual y por urdir una trama para espiar a cargos políticos, jueces y fiscales negaron ayer los cargos ante el juez Manuel Penalva y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán. Sin embargo, sus excusas no convencieron a los investigadores: el magistrado decretó la prisión para cuatro de ellos por un rosario de delitos, entre ellos extorsiones, destrucciones de pruebas, amenazas y espionaje.
La jornada en el juzgado de instrucción 12 fue maratoniana por la toma de declaraciones de los arrestados, entre los que destacan el excomisario Rafael Estarellas y el antiguo sindicalista Jaume Garau, el único que quedó en libertad. Los otros tres encarcelados son dos policías de la unidad motorizada y la antigua ayudante-secretaria de Estarellas, sospechosa de colaborar con la red secreta de espionaje.
La Policía Nacional condujo a los detenidos a los juzgados de Vía Alemania a primera hora de la mañana, sin haberles tomado declaración el lunes en dependencias policiales. Los interrogatorios se prolongaron ayer hasta pasadas las 10 de la noche (casi 12 horas), con una breve pausa hacia las cuatro de la tarde para comer un bocadillo.
Los primeros en ser interrogados fueron los agentes de la unidad de motos, que negaron las imputaciones.
Los investigadores quieren aclarar quién ha causado en los últimos meses daños en propiedades de la agente homosexual (en el portero automático de su finca y en su motocicleta, que ha sido robada), quiénes han vertido amenazas e insultos homófobos ("bollera de m.") contra la funcionaria y quienes han tolerado esos malos tratos.
Los detenidos reconocieron que mantenían un conflicto con su compañera denunciante porque, según ellos, les acusó en falso de conductas homófobas. Uno de los declarantes aseguró que instó un procedimiento de mediación contra la agente previo a interponer una demanda de protección al honor por unas declaraciones de aquella en una emisora de radio.
Uno de los sospechosos también admitió haber ido a hablar con una amiga íntima de la denunciante que trabaja en el Consell, pero rechazó haber amenazado a esa persona. Su intención era que la amiga mediara en el conflicto con su compañera.
Por su parte Jaume Garau, que ya había estado dos veces encarcelado por el sumario de la corrupción policial, fue interrogado acerca de su compañera homosexual, del espionaje a políticos y juristas y de los cursos dirigidos a policías locales, pagados con fondos públicos, y que él coordinó durante años en el sindicato CSIF, del que fue expulsado tras su imputación. Garau rechazó de plano todas las acusaciones que le formularon el juez y el fiscal, aunque se mostró algo desorientado.
