El juez Manuel Penalva acusa a tres de los agentes de la Policía Local de Palma encarcelados anteanoche -el comisario Rafael Estarellas y dos miembros de la unidad motorizada, Rafael P.R. y Alberto J.Ll.- de usar una asociación profesional para desacreditarle al fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán y a él, torpedear las pesquisas y defender a los funcionarios imputados. Las últimas pesquisas policiales contra la gigantesca trama de corrupción han permitido descubrir otros presuntos delitos cometidos por funcionarios de varios cuerpos policiales en el entorno de los clubes de alterne de la zona de s'Aigo Dolça de Palma.
De acuerdo con el auto, que va a ser recurrido por las defensas de los cuatro encarcelados -Estarellas, su antigua mano derecha, llamada Francisca G.C., y los dos agentes de la unidad motorizada- la asociación profesional de policías estaba inactiva desde hacía años.
Uno de los policías de las motos, Rafael P., habría reactivado la entidad con un doble objetivo: desacreditar a los investigadores y a otros fiscales y personarse en el sumario como acusación particular. Según ha reconocido su compañero Alberto J. , no buscaban pedir la condena de los funcionarios corruptos sino cuestionar a los investigadores, "que ven a toda la Policía Local como un cuerpo corrupto".
Profesores fiscales
Los primeros pasos de la asociación fueron pedir, por conducto oficial, toda la información sobre los cursos de formación de agentes impartidos desde 1988 a 2003 para comprobar qué jueces y fiscales habían impartido clases a los funcionarios, entre ellos los fiscales anticorrupción Miguel Ángel Subirán y Juan Carrau y la también fiscal Concha Ariño. Subirán sí fue docente durante años de policías locales.
La siguiente jugada era investigar si estos juristas habían solicitado la compatibilidad para impartir la docencia.
La asociación, que carece de afiliados, también planeaba personarse como acusación en la voluminosa causa. Uno de los detenidos reconoció que su intención era combatir la imagen que se está dando del Cuerpo y "cambiar la perspectiva que tienen el juez y el fiscal de que todos los miembros del colectivo de la Policía Local son unos delincuentes".
Una de las personas que alertó al juez de esta maniobra fue Sonia, la agente que denunció a los dos motoristas por acoso homófobo y que figura como testigo contra la supuesta trama de corrupción. Según esta funcionaria, Estarellas, los dos agentes y el exsindicalista Jaume Garau (detenido el lunes y puesto en libertad el martes) estaban empeñados en desacreditarla por sus denuncias y usaron la asociación para desprestigiarla a ella y a los investigadores.
En otro orden de cosas, Alberto J. acusó al comisario Estarellas de tapar una denuncia sobre presunta corrupción en torno a los clubes de alterne de s'Aigo Dolça. Por esa zona se moverían algunos policías nacionales, guardias civiles y policías locales de la presunta trama corrupta (de los que facilitó nombres) para perpetrar delitos. El soplo provenía de un confidente rumano, pero Estarellas habría decidido dar carpetazo al asunto.
Estarellas también está acusado de usar el SIAP (Servicio de Información de la Policía Local), una unidad que dirigía, para espiar a políticos, jueces, fiscales, cargos públicos y otras personas. Penalva define ese grupo como "una especie de servicio secreto de la Policía Local", donde trabajaban Jaume Garau y Francisca G., que solo obedecían órdenes de Estarellas.
