El juez Manuel Penalva afirma en su último auto que hasta el momento casi 50 personas, entre testigos e investigadores, han sufrido coacciones, amenazas, intimidaciones, daños en sus propiedades o seguimientos por parte de policías imputados en el sumario. El magistrado anuncia que no va a tolerar ni una coacción más sobre las personas que se han atrevido a denunciar la presunta trama. Penalva acusa al comisario Rafael Estarellas y a los agentes de la unidad motorizada Alberto J. y Rafael P. de presionar a Sonia, la agente lesbiana que ha denunciado acoso homófobo en el cuerpo y una amiga de esta, alta funcionaria en el Consell de Mallorca. Sonia denunció, entre otros a Alberto J. y Rafael P. Este último, a su vez, presentó una denuncia contra su compañera a la que acusó, de manera mendaz según Penalva, de maltratar a un detenido.
La resolución judicial relata con detalle los ataques y presiones que ha sufrido Sonia, una antigua agente de la unidad motorizada que ha denunciado penalmente a compañeros por homofobia. El auto relata la "semana negra" en la que Sonia sufrió daños en el portal y el portero automático de su finca, su coche y su moto, que al final fue robada.
La mujer también encontró en el parabrisas de su coche una nota anónima intimidatoria: "Cuando se aproxima una muerta próxima" (sic).
Estarellas contactó insistentemente con su amiga para informarle de que Rafael P. y Alberto J. querían hablar con ella. Los ahora encarcelados se entrevistaron con la alta funcionaria y le informaron, sin tapujos, de que buscaban la expulsión del cuerpo de Sonia y desacreditar a Subirán.
Por otro lado, un mando de la Policía Nacional permitió, el martes por la noche, a los familiares de los detenidos despedirse de estos antes de conducirlos a prisión y en contra del criterio de los funcionarios judiciales que estaban entonces de guardia.
