El juez Penalva y el fiscal Subirán sospechan que un grupo de policías locales se repartían el dinero que ganaban los grupos de trileros, la mayoría rumanos, que actúan sobre todo en la zona de la Platja de Palma. Por este motivo, ayer llamaron a declarar a seis de los agentes que hace tiempo que están siendo investigados, para preguntarles sobre algunos detalles más que han aparecido en la investigación que les incrimina en estas irregularidades, sobre todo aportadas por testigos que han declarado ante los investigadores. De los seis imputados, ninguno de ellos confesó ni una sola de las irregularidades. Uno, incluso, se negó a declarar.
No era ninguna novedad que la Policía Local de Palma controlaba a estos grupos de delincuentes, puesto que el juez Penalva ya lo había indicado en alguno de sus escritos. Se creía que los policías corruptos se limitaban a expulsar a estos grupos de delincuentes de determinados zonas de la Platja de Palma, sobre todo para que no perjudicaran la actividad de los negocios de los empresarios protegidos por algunos de estos agentes. Sin embargo, los últimos testimonios señalan que estos funcionarios públicos, supuestamente, cada vez que actuaban contra estos grupos les intervenían el dinero que habían ganado. Sin embargo, en vez de depositar estas cantidades ante la autoridad, se lo quedaban ellos, según sostienen los investigadores.
Otro de los detalles que se ha descubierto, y sobre el que ayer se preguntó a los sospechosos, es que estos policías también habrían utilizado tarjetas de crédito robadas a turistas para facturar gastos en un club de alterne. Era el mismo local propiedad del empresario que organizaba orgias sexuales con políticos con la presencia de prostitutas. Muchos de estos policías mantenían relaciones sexuales con mujeres de este local sin abonar el servicio. Pero otros, según se ha averiguado también, utilizaban tarjetas de crédito robadas. La sustracción no la cometían los agentes, sino grupos de delincuentes que actúan en esta zona turística de Palma.
Los policías que ayer declararon ante el juez y el fiscal son los que se les atribuye un mayor número de irregularidades, cometidas sobre todo en la zona de la Platja de Palma. Se investiga si estos funcionarios, a través de los grupos donde estaban destinados, ejercían un trabajo de protección de determinados locales, en detrimento de los negocios de la competencia. Una labor que después se retribuía económicamente, bien consumiendo gratuitamente en estos locales, o cobrando periódicamente un sobre con dinero en metálico.
Coacciones
Los investigadores están convencidos de que dentro del cuartel de San Fernando existía un grupo de policías que estuvo exigiendo a empresarios con locales nocturnos, que les pagaran una determinada cifra económica, ya que de lo contrario aumentarían el número de inspecciones en sus locales. Se ha comprobado con cifras y con testigos que muchos locales apenas recibían inspecciones, mientras que otros sufrían la visita constante de policías. La mayoría de estas inspecciones se traducían después en sanciones económicas, que muchas veces llevaron al empresario a la ruina, obligándole a cerrar el negocio.
Otro de los graves capítulos que ha señalado el juez es el trato de favor que recibía un conocido club de prostitución situado en la Playa de Palma. En este negocio encontrarse muchos de los policías investigados, donde solían invitarles, tanto a tener relaciones sexuales con chicas, como a consumiciones.
