El Ayuntamiento de Palma no prorrogará el servicio de la ORA municipal otros dos años, tal como se prevé en el pliego de condiciones del contrato actual, adjudicado en 2013 a la unión temporal de empresas integrada por Dornier, API Movilidad y Roig, Obres Serveis i Movilidad, porque, según explicó el concejal de Movilidad de Cort, Joan Ferrer, en la comisión del pleno "ha sido puesto en entredicho" por el juzgado.
Ferrer hacía referencia a la investigación judicial de este contrato en el punto de mira del juzgado de instrucción número 12 de Palma por presunta corrupción que, por el momento, se ha saldado con la detención de nueve funcionarios, dos exconcejales del PP y un empresario.
El concejal explicó que el actual contrato de la ORA, adjudicado por el anterior consistorio en 2013, finaliza en mayo del próximo año, aunque podía prorrogarse otros dos años más. En condiciones normales habitualmente se agotan también los dos años de prórroga. No obstante, en esta ocasión se ha decidido no hacerlo, de tal forma que en breve se procederá a la redacción y aprobación del nuevo pliego con el fin de que en mayo del próximo año se pueda haber adjudicado nuevamente el servicio.
Se pretende de esta forma "dar un plus de limpieza y asepsia a la gestión de este servicio, que ha sido puesto en entredicho por la investigación judicial", explicó el concejal, aunque insistió en que "no hemos perdido la confianza ni en los adjudicatarios ni en los funcionarios que intervinieron en la anterior adjudicación puesto que en estos momentos no hay ninguna resolución judicial en un sentido ni en otro".
En estos momentos se desconoce la cuantía que se incluirá en el nuevo pliego de condiciones para la ejecución del servicio. El actual fue adjudicado por 25,4 millones distribuidos en los cuatro años de vigencia del contrato, tres millones más que la oferta de la empresa que quedó en segundo lugar y cinco millones más que la presentada por otra empresa-Aparki- que también se presentó al concurso.
El concejal explicó que se realizará un estudio sobre la adecuación del coste del servicio a la cantidad que se debe incluir en el nuevo pliego de condiciones. Al respecto, recordó que el precio de salida de la adjudicación actual fue de algo más de 29 millones aunque finalmente se adjudicó por 25,4, lo que supuso una baja del 15%.
En el presupuesto del próximo año se ha incluido una partida de 6,4 millones (29.614 euros más que en actual) con el fin de hacer frente al coste del servicio a lo largo del presente año. Ferrer explicó que el incremento de esta aportación se debe a que se prevé que el servicio acabará el actual ejercicio con superávit, parte del cual (el 5%) se lo queda el adjudicatario. Se ha incluido una partida de 60.000 euros para la realización de estudios en buena medida debido a que la situación del personal es de "mínimos o de emergencia".
