El agujero económico que ha provocado la construcción Palacio de Congresos tardará en llenarse. Y desde ayer tardará aún más. El Ayuntamiento de Palma ha aprobado un nuevo plan de pagos para los 37 millones de euros que le debe el Govern balear por las obras en el centro de convenciones.
El anterior calendario de pagos, aprobado en tiempos de Mateo Isern, preveía seis cuotas entre los años 2014 y 2018. Sin embargo, ahora Cort ha modificado los plazos y los retrasa hasta 2022.
A mediados de 2014 el Ayuntamiento solicitó un préstamo de 43 millones de euros para desbloquear las obras, después de que la constructora Acciona detuviera los trabajos durante dos años porque no estaba cobrando.
Este préstamo lo solicitó en nombre de la empresa pública Palau de Congressos S. A., que está formada al 50% por el Ayuntamiento de Palma y al 50% por el Govern balear.
Los 107,5 millones de euros que han costado finalmente las obras -ese el cálculo que hizo público Cort el mes pasado- se han repartido de forma desigual entre ambas administraciones públicas. El Ayuntamiento palmesano ha puesto mucho más dinero que el Ejecutivo autonómico.
Un ejemplo es el préstamo de 43 millones, que fue asumido en su totalidad por el consistorio palmesano con la intención de que luego el Govern balear se lo pagara.
El ambicioso plan de pagos que se aprobó en 2014 se ha incumplido de forma sistemática desde sus inicios. Ya se tendrían que haber liquidado dos terceras partes del préstamo (29,3 millones), pero hasta la fecha solo han pagado una sexta parte (5,4 millones).
Dicho de otra forma, de aquel préstamo de 43 millones, a las arcas de Cort todavía le tienen que devolver 37.
El principal motivo es que el Govern balear no ha hecho frente a las cuotas de las construcción del recinto congresual y el hotel anexo. No lo hizo en tiempo de José Ramón Bauzá y tampoco ahora con Francina Armengol.
Según explicó ayer la concejala de Turismo de Cort, Juana Maria Adrover (PSOE), recientemente el Govern le ha abonado al Ayuntamiento dos millones de euros para paliar la deuda.
No obstante, Adrover se negó a dar una cifra global de cuánto dinero le debe el Govern a la ciudadanía de Palma por esta infraestructura. La regidora, que fue muy parca en sus explicaciones, se limitó a afirmar que "se está aclarando la deuda de cada una de las administraciones".
En el anterior plan de pagos -el que nunca se llegó a cumplir- se preveía que el Govern balear le devolviera a Cort 8 millones de euros anuales.
Con el nuevo calendario aprobado ayer en la junta de gobierno municipal, aumentan las cuotas anuales. Los 37 millones restantes se reparten también en seis plazos.
Para el año 2017, Cort espera ingresar 10 millones de euros. En 2018, asciende a 10,7 millones. A partir de 2019, año electoral, se reduce drásticamente la cuota a 3 millones de euros. En 2020 y 2021 deberán pagar 3,2 millones de euros. La cuota final está prevista para 2022 y asciende a 7,5 millones de euros.
